La administración del presidente Donald Trump ha gastado $40 millones de dólares en deportar a 300 inmigrantes a terceros países en el último año, según un informe publicado por los demócratas que integran el comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos.
El informe, divulgado el viernes en la noche, es fruto de una investigación de diez meses en la que los congresistas han revisado los acuerdos gubernamentales para este tipo de deportaciones, que antes se utilizaban de manera “excepcional” pero el Gobierno republicano ha sistematizado, según un comunicado.
La administración está poniendo el dinero de los contribuyentes “en manos de gobiernos extranjeros mientras cierra los ojos ante los costes humanos y el potencial socavamiento de nuestras relaciones diplomáticas”, declara en la nota la senadora Jeanne Shaheen, que encargó y dirigió el informe.
El coste de las deportaciones a terceros países hasta enero de 2026 “es desconocido pero probablemente superior a $40 millones de dólares”, ya que el Gobierno ha entregado más de $32 millones “directamente a cinco países”: Guinea Ecuatorial, Ruanda, El Salvador, Eswatini y Palau, detalla el documento.
De los 300 inmigrantes deportados a países que no son los suyos, 250 eran venezolanos enviados a El Salvador en marzo de 2025, y el resto, 51 personas cuya nacionalidad no se establece, fueron enviados a otros cuatro países, la mayoría a Guinea Ecuatorial y Eswatini.
El informe de 30 páginas critica que, en muchos casos, Estados Unidos podía haber expulsado a estas personas a sus países de origen, y señala que más del 80% de esos deportados a terceros países “ya han vuelto a sus países de origen o están en proceso de hacerlo”.
“En algunos casos, EE.UU. pagó para enviar a migrantes a terceros países para después volver a pagar para enviarlos a su país natal”, agrega.
Los senadores demócratas advirtieron de que el Gobierno busca activamente retirar el estatus legal a miles de inmigrantes en EE.UU. suspendiendo beneficios como el TPS (estatus de protección temporal) o el permiso humanitario, “lo que incrementa el riesgo de que se amplíen las deportaciones a terceros países”.
El informe concluye que esas operaciones son caras e ineficientes, suponen un despilfarro, financian “a gobiernos corruptos sin supervisión”, circunvalan el derecho migratorio de EE.UU. y se caracterizan por la falta de transparencia tanto en los acuerdos como en el cumplimiento de estos por parte de los terceros países.
