Funcionarios de la administración de Donald Trump mantuvieron conversaciones durante meses con Diosdado Cabello, ministro de Interior de Venezuela y uno de los dirigentes más duros del oficialismo, incluso antes de la operación militar estadounidense que terminó con la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, según reveló Reuters.
De acuerdo con la agencia, los contactos comenzaron en los primeros meses de la actual administración Trump y se intensificaron en las semanas previas al operativo. Las conversaciones continuaron después de la captura de Maduro, según varias personas familiarizadas con el asunto, que hablaron bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad de las comunicaciones.
Durante esos intercambios, funcionarios estadounidenses advirtieron a Cabello, de 62 años, que no utilizara los cuerpos de seguridad del Estado ni a los grupos de choque del partido de gobierno bajo su influencia para actuar contra la oposición venezolana. Ese aparato, que incluye servicios de inteligencia, policía y fuerzas armadas, permanece en gran medida intacto tras la incursión estadounidense.
Cabello figura en la misma acusación federal por narcotráfico en Estados Unidos que sirvió de base para la captura de Maduro, pero no fue detenido durante la operación. Según Reuters, las conversaciones también abordaron las sanciones impuestas por Washington en su contra y el proceso judicial que enfrenta en tribunales estadounidenses.
Las comunicaciones con Cabello son consideradas clave para la estrategia de la Casa Blanca de evitar un escenario de violencia o desestabilización interna que complique el control de la situación en Venezuela y debilite a la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien ha sido presentada por Trump como pieza central de su plan para el período posterior a Maduro.
No está claro si los contactos incluyeron discusiones sobre el futuro esquema de gobernabilidad del país ni si Cabello ha acatado las advertencias de Washington. Públicamente, el ministro ha expresado respaldo a Rodríguez y ha prometido unidad dentro del oficialismo.
Reuters recuerda que Cabello ha sido considerado durante años el segundo hombre más poderoso del chavismo. Antiguo aliado de Hugo Chávez y figura clave en la estructura de poder de Maduro, es señalado como uno de los principales ejecutores de políticas represivas, con influencia sobre organismos de inteligencia y grupos civiles armados conocidos como colectivos.
Aunque la administración Trump ha confiado en un reducido grupo de dirigentes del oficialismo para garantizar estabilidad mientras avanza una transición no definida y se asegura el acceso a las reservas petroleras venezolanas, fuentes citadas por Reuters señalan que en Washington existe preocupación de que Cabello, por su historial y por rivalidades internas, pueda convertirse en un factor desestabilizador.
Cabello está sancionado por Estados Unidos desde hace años. En 2020, el Departamento de Justicia lo acusó como uno de los líderes del llamado «Cartel de los Soles» y ofreció una recompensa de 10 millones de dólares por información que condujera a su captura, monto que posteriormente fue elevado a 25 millones. El dirigente ha negado públicamente cualquier vínculo con el narcotráfico.
Tras la captura de Maduro, algunos legisladores en Washington cuestionaron por qué Cabello no fue detenido. Días después, el ministro condenó la intervención estadounidense y afirmó que «Venezuela no se va a rendir». Sin embargo, en semanas recientes han disminuido los reportes de operativos de control interno y el propio Ejecutivo nacional ha anunciado la liberación gradual de personas consideradas presos políticos por organizaciones de derechos humanos, un proceso que, según esas ONG, avanza con lentitud.
