El gobierno de Maduro ha dirigido desde el pasado 9 de marzo todo su aparato propagandístico y diplomático a rechazar la orden ejecutiva de Obama que cataloga la situación en Venezuela -de crisis económica e inestabilidad política- como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Pero la misma orden de Obama dio paso a que se establecieran nuevas sanciones contra 7 funcionarios venezolanos del sector militar, policial y judicial, señalados por Washington de estar envueltos en actos de corrupción o violaciones de derechos humanos durante las protestas opositoras de 2014.
Estas manifestaciones, que dejaron 43 muertos, centenares de heridos y cientos de manifestantes procesados ante tribunales, denunciaban la corrupción pública, la escasez de rubros básicos, la alta inflación y la criminalidad que padecen los venezolanos.
Maduro indicó que desde este jueves deben hacerse «visitas casa por casa» para que firmen «no menos de 10 millones de venezolanos (…) en homenaje a (Hugo) Chávez», añadiendo que la campaña debe tener alcance internacional.
El despliegue propagandístico del gobierno venezolano frente a lo que ha catalogado como una «agresión de un «decreto imperial» ocurre cuando chavismo y oposición se hallan en la precampaña para las elecciones legislativas en las que según las encuestas el oficialismo parte con una amplia probabilidad de derrota.
En los últimos sondeos la popularidad del presidente Maduro se ha derrumbado a poco más de 20%, afectado por la severa crisis económica que afecta al país con las mayores reservas de petróleo del mundo.
Venezuela ha logrado que el bloque Unasur y la alianza de izquierda Alba manifiesten su rechazo a la actitud asumida por Washington.
Previo a la orden de Obama, Venezuela ya había ordenado a Estados Unidos que redujera el número de funcionarios en su embajada en Caracas, en un paso más en la tensión bilateral.
