Este lunes el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, declaró a Venezuela una amenaza para la seguridadde su país. El jefe de Estado también impuso sanciones a siete funcionarios chavistas y volvió a mostrar su preocupación por el tratamiento del gobierno a los dirigentes opositores.
«Estamos profundamente preocupados por los esfuerzos del gobierno venezolano para aumentar la intimidación sobre los adversarios políticos. Los problemas de Venezuela no pueden resolverse criminalizando a los disidentes», manifestó en una declaración el vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest.
Los dirigentes chavistas que fueron sancionados por Washington son los siguientes:
-Antonio José Benavides Torres, comandante de la Región para Defensa Integral de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela (FANB) y ex director de operaciones de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela (GNB).
Benavides Torres es un ex líder de la GNB, una entidad cuyos miembros han participado en actos significativos de violencia o han tenido conductas que constituyen un grave abuso o violación de los derechos humanos, en particular contra las personas implicadas en las protestas antigubernamentales en Venezuela en o desde febrero de 2014. En varias ciudades de Venezuela, miembros de la GNB utilizaron la fuerza contra los manifestantes pacíficos y periodistas, incluida la violencia física, asalto sexual y la utilización de armas de fuego.
-Gustavo Enrique González López, director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y presidente del Centro Estratégico de Venezuela de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa).
Es acusado de complicidad y de ordenar, controlar y dirigir -con una participación directa o indirecta- actos de violencia que derivaron en actos de violación a los derechos humanos de los manifestantes de las protestas antigubernamentales que comenzaron en febrero de 2014. Como director general del Sebin, fue asociado con la vigilancia de los líderes de la oposición del gobierno de Venezuela.
Además de causar numerosas lesiones, el personal del Servicio de Inteligencia ha cometido cientos de entradas forzosas y detenciones extrajudiciales en Venezuela.
-Justo José Noguera Pietri, presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), una entidad de propiedad estatal, y ex comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela (GNB).
-Katherine Nayarith Haringhton Padron, fiscal a nivel nacional de la Oficina del Ministerio Público de Venezuela Distrito 20.
Haringhton Padrón, en su calidad de fiscal, ha acusado a varios miembros de la oposición, entre ellos la ex legisladora de la Asamblea Nacional María Corina Machado y, a partir de febrero de 2015, el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma Díaz, por el delito de conspiración en relación con presuntos planes de asesinato / golpes de Estado. La evidencia utilizada en apoyo de los cargos contra Machado y otros era, al menos en parte, sobre la base de correos electrónicos fraudulentos.
-Manuel Eduardo Pérez Urdaneta, director de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela. Los miembros de la PNB a su cargo hicieron uso de la fuerza física contra los manifestantes pacíficos y periodistas en varias ciudades de Venezuela, incluyendo disparos de munición real.
-Manuel Gregorio Bernal Martínez, jefe de la 31ª Brigada Blindada del Ejército Bolivariano de Venezuela y ex Director General del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Venezuela (Sebin).
Bernal Martínez era el jefe del Sebin el 12 de febrero de 2014, cuando los oficiales dispararon contra los manifestantes y mataron a dos personas cerca de la oficina del Procurador General.
-Miguel Alcides Vivas Landino, inspector general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela (FANB) y ex comandante de la Región para Defensa Integral (REDI) de la región de los Andes de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela.
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