La organización internacional aseguró que el esquema de externalización del gobierno estadounidense expone a los extranjeros al riesgo de sufrir violaciones de derechos humanos.
Expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunciaron este lunes 28 de septiembre que Estados Unidos ha creado un esquema de externalización migratoria que involucra a al menos otros 35 Estados y mediante el cual ha expulsado a terceros países a alrededor de 23 mil personas.
Este esquema expone a miles de migrantes al riesgo de sufrir tortura, persecución y otras violaciones de derechos humanos, indicaron veintitrés relatores y otros expertos en un comunicado conjunto en el que no especificaron en qué periodo fueron expulsadas de Estados Unidos a terceros países esas 23 mil personas.
Los acuerdos firmados por países de todo el mundo “para recibir aviones cargados de migrantes y refugiados expulsados de Estados Unidos” violan el principio de no devolución, agregaron los firmantes.
“Debido a su falta de transparencia, estos acuerdos quedan en gran medida fuera de la supervisión democrática y del monitoreo independiente de derechos humanos”, señalaron.
Los terceros países reportados
Entre los países implicados en este “esquema de externalización migratoria” que denuncian los expertos se encuentran naciones latinoamericanas como Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Paraguay.
Los expertos firmantes, encabezados por el relator especial sobre derechos humanos de los migrantes, Gehad Madi, conminaron a los países de la lista a suspender de inmediato estos acuerdos, así como a restablecer el acceso a procedimientos de asilo justos y eficaces.
Según denunciaron, algunos acuerdos contemplan únicamente una recepción temporal seguida de una nueva expulsión a un tercer país, lo que en ocasiones implica presiones y amenazas a los migrantes para que soliciten regresar a su territorio de origen pese a los riesgos que ello podría implicar para su protección.
La gestión de Donald Trump
Desde que regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha buscado suscribir este tipo de acuerdos para acelerar el número de deportaciones, una de sus promesas electorales.
El gobierno de Trump pidió la semana pasada a la Corte Suprema de Estados Unidos que le permita continuar deportando migrantes a terceros países distintos a sus lugares de origen, después de que el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito hiciera efectiva la decisión de un juez federal de Boston contra las deportaciones rápidas a terceras naciones.