Aunque su autor desapareció hace 13 años, la palabra vuelve a retumbar con fuerza ahora que el gobierno de Delcy Rodríguez anunció el lanzamiento formal de un proceso de reestructuración de la deuda externa de la República y Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
El Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice) estima que la política de expropiaciones impulsada por el régimen chavista, provocó hasta 2021 una serie de procedimientos arbitrales que condenan al país a pagar unos 30 mil millones de dólares, equivalentes al 18% de la deuda externa que alcanzaría los 162 mil millones de dólares.
El informe de Cedice registra 57 procedimientos arbitrales contra Venezuela, de los cuales 47 se gestionaron ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Hasta la culminación de este estudio, 23 habían concluido con un fallo negativo para Caracas.
“Los acreedores cuya deuda ha sido reconocida y determinada en estos procedimientos de arbitraje tienen posición de cobro privilegiada entre los demás acreedores, por esta razón esta categoría es de suma importancia para Venezuela”, explica el tanque de pensamiento.
Delcy Rodríguez instaló una comisión de evaluación de activos públicos, que básicamente tiene como fin identificar aquellos bienes del Estado que pueden ser privatizados. Además, restableció las relaciones con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y reformó las leyes de hidrocarburos y minería para abrir estos sectores al capital privado.
La reestructuración de la deuda se sumaría a esta nueva propuesta económica desarrollada por la mandataria interina. “La reconstrucción de Venezuela está condicionada a que la crisis de la deuda externa sea resuelta y que nunca vuelva a ocurrir un proceso de expropiaciones como el efectuado durante el gobierno de Hugo Chávez”, subraya Cedice.
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