Recientemente, la jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, anunció la instalación de una comisión para evaluar y posiblemente privatizar diferentes empresas estatales.
De acuerdo con la sucesora del dictador Nicolás Maduro, se busca “reactivar la producción y atraer inversión privada”.
“Las expropiaron, luego las quebraron y ahora como si nada”, dijo un usuario en X (Twitter).
“Impresionante como no se les cae la cara de vergüenza, ahora todos aprietan por Trump, son los mismos que llevaron a este país a la desidia”, expresó otro usuario, en la misma plataforma digital.
A su vez, otro navegador de Internet, manifestó en Instagram: “Esto sin duda es un chiste, muchas de esas empresas fueron convertidas en chatarra por ellos mismos”.
La comisión del régimen está integrada por la procuradora general Arianny Seijo, el vicepresidente sectorial de Economía Calixto Ortega, la ministra de Economía y Finanzas Anabel Pereira, el ministro de Comercio Nacional e Industrias Luis Villegas, el ministro de Comunas Michael Prado y el empresario Luigi Pisella (expresidente de Conindustria, en representación del sector privado).
Esto, según la orden de Delcy Rodríguez, se hará en cuatro categorías: Bienes estratégicos que permanecerán bajo control estatal, alianzas público-privadas, oferta de activos no esenciales y liquidación con aprovechamiento.
La expropiación de empresas en Venezuela, intensificada entre 2005 y 2015 bajo los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, afectó a miles de compañías en sectores clave como petróleo, alimentos y agroindustria. Este proceso generó numerosas demandas internacionales por falta de indemnización justa.
En ese orden de ideas, durante las gestiones de Chávez (1999-2013) y Maduro (2013-2025), el Estado venezolano expropió, confiscó o intervino más 5.500 empresas privadas. Según estimaciones, más de 500.000 empresas cerraron por la crisis económica en el país suramericano.
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