Con velas, pancartas y oraciones, los familiares de los presos políticos recluidos en el Internado Judicial El Rodeo I cumplieron este viernes 190 días de vigilia permanente frente al centro penitenciario, exigiendo la liberación de sus seres queridos y denunciando presuntas violaciones a los derechos humanos.
“Desde el 8 de enero, han mantenido su vigilia de oración y exigencia, aunque hasta ahora las excarcelaciones han sido escasas. Pese a ello, la esperanza de las familias permanece inalterable”, precisó el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) por medio de su cuenta en la red social X.
Según la organización, aunque algunas personas privadas de libertad por razones políticas han sido liberadas, las excarcelaciones “han sido escasas”, lo que mantiene en vilo la esperanza de decenas de familias que aguardan la salida de todos los detenidos.
“Seguiremos reclamando la libertad de todas las personas detenidas por motivos políticos y recordamos que muchos de ellos han sido sometidos a tratos crueles e inhumanos”, sostuvo la ONG.
“Los crímenes de lesa humanidad no prescriben; por tanto, es justo y necesario que se restablezca la libertad de todos los inocentes”, se enfatizó.
Reunión con autoridades penitenciarias
La misma organización señaló este viernes, que la reunión sostenida el lunes con las autoridades del Servicio Penitenciario, convocada para atender las denuncias de tortura en El Rodeo I, terminó por “profundizar la revictimización de las víctimas”.
El encuentro, solicitado tras las graves denuncias formuladas por familiares de presos políticos sobre torturas y tratos crueles ocurridos el 5 de julio, reunió entre otros funcionarios al ministro del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa.
“Lejos de constituir un espacio para escuchar a las víctimas, esclarecer los hechos o adoptar medidas urgentes de protección, la reunión estuvo marcada por la negación de las denuncias, la descalificación de quienes las formularon y de las organizaciones que las acompañan, la minimización de los hechos reportados y la ausencia absoluta de compromisos orientados a investigar, sancionar o prevenir nuevas violaciones a los derechos humanos”, recalcó la ONG.
Para el comité, lo ocurrido confirma un patrón que ha denunciado de forma reiterada, que ante denuncias de muertes bajo custodia y posibles actos de tortura, la respuesta institucional no ha sido investigar ni proteger a las víctimas, sino cuestionar la credibilidad de quienes denuncian y trasladar la responsabilidad a los familiares y organizaciones de derechos humanos.
“Como autoridad que ejerce actualmente la conducción política del Ejecutivo, recae sobre Delcy Rodríguez, en su condición de autoridad interina, la responsabilidad de garantizar que cesen estas prácticas, se proteja a las víctimas y asegure una investigación independiente e imparcial de los hechos denunciados”, agregaron el mensaje.
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