Durante la movilización, Jessica Castro, integrante de la Alianza por la Libertad de los Presos Políticos, cuestionó el alcance de las excarcelaciones concedidas el pasado viernes, al considerar que no responden a la situación de los detenidos que padecen enfermedades graves o enfrentan retrasos procesales
Familiares de presos políticos, representantes sindicales y miembros del gremio jurídico marcharon este lunes 28 de septiembre desde Plaza Venezuela hasta las sedes del Ministerio de Servicios Penitenciarios y la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en Chacao, Caracas, para exigir la liberación de los detenidos por motivos políticos, la publicación de un cronograma electoral, mejoras salariales y la eliminación de los tribunales de terrorismo.
Durante la movilización, Jessica Castro, integrante de la Alianza por la Libertad de los Presos Políticos, cuestionó el alcance de las excarcelaciones concedidas el pasado viernes, al considerar que no responden a la situación de los detenidos que padecen enfermedades graves o enfrentan retrasos procesales.
En el caso Gedeón fueron beneficiadas seis personas nada más y al día de hoy lo que queremos es la libertad de absolutamente todos, especialmente de quienes tienen patologías graves”, declaró a Efecto Cocuyo.
Castro explicó que la marcha también llegó hasta la Dirección Ejecutiva de la Magistratura para exigir celeridad en la revisión de los expedientes y en los procesos de designación de jueces y magistrados. “Ahí es donde están escogiendo a los magistrados y a los jueces, y vamos a ir para que se haga esto más rápido”, señaló.
Entre los manifestantes se encontraba Daisy Rodríguez, esposa de Kleiver Solórzano, detenido desde el 12 de noviembre de 2025, luego de exigir información sobre el paradero de su hermano, un comisario policial de Caucagua que fue apresado por un delito común.
Rodríguez denunció que su esposo, de 38 años y padre de cinco hijos, fue privado de libertad por la publicación de un video en el que se solicitaba ayuda a las autoridades y se denunciaba la desaparición forzada de su familiar. Solórzano fue imputado por el delito de instigación al odio.
A él lo privan de libertad injustamente por la publicación de un video que no hizo, donde se le pide ayuda al gobierno, pero también se denuncia la desaparición forzada de su familiar”, afirmó su esposa, quien también manifestó preocupación por el deterioro de su salud durante la reclusión.
“Ha bajado mucho de peso y tiene mucha depresión, porque es la primera vez que pasa por esto; yo pienso que no es un delito el querer saber de sus parientes”, agregó.
La movilización también visibilizó los casos de Keila y Carolina Martínez, dos hermanas que permanecen recluidas en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof), en el estado Miranda, desde hace cinco años. Según denunció su familiar Amarilis Martínez, ambas fueron detenidas cuando compraban medicamentos para su padre, quien padece diabetes.
Se las llevaron para El Helicoide y les pidieron 40.000 dólares; como no los tenían, las dejaron presas”, aseguró Martínez, quien indicó que las mujeres recibieron condenas de 15 años de prisión por cargos de terrorismo, dictadas por el juez Maximiliano Márquez, actualmente encarcelado.
La familiar también denunció presuntas irregularidades en el proceso judicial y afirmó que una de las hermanas es paciente oncológica y presenta otras complicaciones de salud. “Él les pidió dinero y, como no se lo dieron, les metió esa pena a pesar de que una de ellas es paciente oncológica, padece de hipertensión y tiene biopolímeros”, sostuvo.
Por otra parte, los familiares de los detenidos por la Operación Gedeón reiteraron su exigencia de medidas sustitutivas de libertad para los reclusos que permanecen en el penal de Guaicaipuro, luego de ocho meses de encarcelamiento.
Zulay Contreras, hermana del comisario Douglas Contreras, de 57 años, indicó que los familiares siguen a la espera de respuestas sobre las liberaciones anunciadas. “Tienen el ofrecimiento de que los van a sacar, siguen pasando los días y nada, con la esperanza de que de los 31 que están allá ya han salido cinco”, expresó.
Asimismo, informó que su hermano ha presentado algunas mejorías en su estado de salud durante las visitas quincenales y que continúa bajo tratamiento médico. “Ya se encuentra un poquito recuperado y va poco a poco con sus medicamentos; confiamos mucho en Dios en que esta semana estén saliendo todos de allí”, manifestó.
Frente a la sede del máximo tribunal, la protesta también contó con la participación de representantes del gremio de abogados, quienes cuestionaron el funcionamiento del sistema judicial y exigieron la renuncia de los jueces actuales y la eliminación de los tribunales de terrorismo.
Noé Mujica, presidente del Frente Nacional de Abogados de Venezuela, rechazó el acuerdo alcanzado en la mesa de diálogo entre representantes de las asambleas de 2015 y 2025 para la revisión de las credenciales de los aspirantes a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Rechazamos y condenamos el acuerdo recién logrado en la presunta mesa de diálogo entre la Asamblea del 2015 y la del 2025, porque se pretendió designar supuestamente a unos abogados honorables”, declaró.
Mujica sostuvo que la conformación del Comité de Postulaciones Judiciales excluye a sectores de la sociedad civil, lo que, a su juicio, contraviene el segundo aparte del artículo 270 de la Constitución. También cuestionó la rapidez del proceso y advirtió sobre sus posibles consecuencias en la designación de las nuevas autoridades judiciales.
De manera acelerada y por madrugonazo tratan de esconderse detrás de esa honorabilidad para imponer magistrados, pero al lado de los familiares de las víctimas les decimos que nunca serán jueces si salen de esa comisión”, afirmó.
La movilización reunió así distintas exigencias de familiares de detenidos, trabajadores y representantes del sector jurídico, quienes reclamaron respuestas sobre las excarcelaciones, las condiciones de reclusión, los procesos judiciales y las garantías electorales.