Familiares de jóvenes venezolanos que murieron en manifestaciones contra el régimen de Nicolás Maduro pidieron el miércoles en Madrid (España) que no queden impunes esos «asesinatos».
También lamentaron que Maduro haya acabado en una prisión de Estados Unidos, sin que la Corte Penal Internacional (CPI) llegara a pedir una orden de arresto internacional por crímenes de lesa humanidad en el marco de la investigación que abrió en 2018.
«Nicolás Maduro debe pagar todos estos asesinatos (…). Hay más de 10.000 víctimas en Venezuela, y todos merecen reparación y justicia», dijeron las familias en una rueda de prensa celebrada en Madrid, en la que también intervinieron juristas para ahondar en el caso abierto hace casi ocho años en la CPI sobre los crímenes perpetrados contra la población venezolana.
En el encuentro, organizado por la asociación de periodistas venezolanos en España Venezuelan Press, las familias pidieron a la CPI celeridad para seguir con la investigación.
También instaron a los Estados adheridos al Estatuto de Roma, como España, a que emitan órdenes de captura contra Maduro y su cadena de mando –dentro o fuera del país– por crímenes de lesa humanidad.
Familiares de Diego Fernando Arellano De Figueiredo; Paúl René Moreno Camacho; Daniel Alejandro Queliz Araca; David José Vallenilla Luis, Armando Cañizales Carrillo y Neomar Lander Armas tomaron la palabra para hablar de la vida y muerte (en 2017) de esos jóvenes.
«Nada ni nadie nos va a devolver a nuestros hijos, por lo menos los que están presos tienen la certeza de que van a salir y abrazarlos. Nosotros no tenemos esa certeza, de nosotros depende que se haga justicia y que la memoria de nuestros hijos no se borre de la mente de los venezolanos», sentenció Zugeimar Armas, madre de Neomar Lander.
Recordó que Neomar, que acababa de hacer un curso de bartender, tenía unos sueños que se truncaron. «Él luchaba por una Venezuela que nunca vivió. Eran personas con valores, era niños educados».
La misma demanda expuso Isabel De Figueiredo, madre de Diego Arellano. «Mi hijo nunca tuvo afiliación política. Era biológo. Tenía 31 años, estaba comenzando a situarse en la vida. Venezuela tiene 27 años de desastre. En estas protestas que ya hubo en 2014 la situación se reprimió, pero las que hubo en el 17 fue algo imposible», recordó.
«Mi hijo fue a protestar y le dieron un tiro y lo mataron. Han pasado ocho años y no ha pasado nada», afirmó De Figuereido.
Reclamó que a Maduro «se lo han llevado por narcotráfico, pero no por asesino. Nadie me va a devolver a mi hijo, pero que podamos ver que sean castigados. Yo pido justicia».
Israel Cañizales y Mónica Carrillo recordaron la memoria de su hijo Armando Cañizales, asesinado el 3 de marzo de 2017. «Armando no es un dato, no es una estadística, fue una persona, un hijo, que sufrió al ver cómo su entorno inmediato de amistades, de su grupo más cercano de amigos, pasaban días sin comer».
«Le entregué la vida de un hijo a un país, lo mínimo alcanzable que nosotros esperamos es justicia, no venganza, pero que paguen todos y cada uno de los que han estado involucrados en estos crímenes», demandó Cañizales.
Blas Jesús Imbroda Ortiz, expresidente del Colegio de Abogados Penal Internacional, expuso que, antes de que Estados Unidos capturase a Maduro, la CPI tendría que haber atendido la petición de ordenar su arresto por crímenes de lesa humanidad.
Cuestionó que el caso sobre Venezuela lleva abierto casi ocho años en la CPI, mientras los relacionados con la invasión de Rusia en Ucrania y la guerra de Israel contra Gaza sí se han dictado rápidas órdenes de aprehensión contra Vladimir Putin o Benjamín Netanyahu, respectivamente.
El abogado insistió en ,la «lentitud» en el procedimiento venezolano por parte de la Fiscalía de la CPI y censuró «muy especialmente» la labor del fiscal jefe, Karim Khan, que se apartó en mayo de 2025 del cargo por una investigación sobre presunto acoso sexual.
Imbroda Ortiz tachó de «absolutamente erróneos» algunos pasos que dio Karim Khan como visitar Venezuela y «dar la mano» a Maduro en el Palacio de Miraflores, al tiempo que aseveró que «esos crímenes de lesa humanidad continuados» perpetrados por el «engranaje» chavista «no pueden quedar impunes».
La CPI abrió en 2018 un examen preliminar sobre Venezuela a raíz de una denuncia de seis Estados, entre ellos Argentina y Perú, por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad en el país, al menos desde 2014.
La administración Maduro intentó repetidamente frenar el caso, alegando que su sistema de justicia estaba llevando a cabo investigaciones internas. Sin embargo, la CPI rechazó esa posición en 2023 y autorizó la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad.
La Asamblea Nacional aprobó en diciembre pasado una ley para derogar la adhesión del país al Estatuto de Roma, con el propósito de «denunciar al mundo la inutilidad y el vasallaje» de la CPI. Sin embargo, dicha denuncia no frena la investigación en curso.
