El Buró Federal de Investigaciones (FBI) anunció la acusación formal de dos individuos relacionados con una presunta red internacional de lavado de dinero asociada a los hijos del gobernante venezolano Nicolás Maduro.
La investigación, iniciada en 2019 desde la oficina de campo de Miami, identificó a Arick Komarczyk como pieza clave en la apertura de cuentas bancarias en Estados Unidos para los hijos de Maduro y otros allegados.
Los reportes de actividad sospechosa vinculaban transferencias provenientes de individuos y empresas en Venezuela hacia sus cuentas, según reseñó Infobae.
En 2022, una operación encubierta permitió comprobar que Komarczyk y su socio, Irazmar Carbajal, aceptaron movilizar 100.000 dólares de fondos bajo sanción y pertenecientes a funcionarios del chavismo. Al menos 25.000 dólares ingresaron al sistema financiero estadounidense.
Lejos de mostrarse preocupado, Komarczyk calificó la situación como un “sexy business”, de acuerdo con las actas recopiladas por el FBI.
El director del FBI, Kash Patel, calificó las tramas de lavado como “líneas de vida criminales” del gobierno de Maduro. “Nicolás Maduro no es solo otro caudillo corrupto, es un dictador narcoterrorista acusado, con una recompensa de 50 millones de dólares ofrecida por el Departamento de Justicia”, expresó Patel en sus redes sociales.
Recompensa histórica
El pasado 25 de septiembre, Komarczyk fue acusado de lavado de dinero y conspiración para realizar transmisiones monetarias sin licencia, mientras Carbajal enfrentó cargos de conspiración por esas operaciones. Carbajal, que viajó desde Uruguay a República Dominicana, fue deportado a EE UU el 2 de octubre, donde fue arrestado durante una escala. Las autoridades sospechan que Komarczyk permanece en Venezuela.
El agente especial a cargo en Miami, Brett Skiles, aseguró que los intentos del régimen de evadir controles “no quedarán impunes“. Y agregó: “Ni Estados Unidos ni sus instituciones financieras servirán de refugio para la corrupción y el lavado internacional, especialmente de países que representen un riesgo significativo para nuestros intereses nacionales”.
En agosto, Washington elevó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro, duplicando la cifra anterior y marcando un máximo histórico en el programa “Rewards for Justice”.
La fiscal general de EE UU, Pam Bondi, afirmó entonces que el gobierno venezolano colabora con organizaciones como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa para introducir drogas y violencia en territorio estadounidense.
En paralelo, varios actores políticos locales respaldaron el accionar del FBI. El congresista republicano Mario Díaz-Balart celebró la acusación y calificó al régimen chavista como “una organización terrorista extranjera” que amenaza tanto a EE UU como a la región.
El gobierno de Estados Unidos no reconoce a Maduro como presidente legítimo y mantiene abierta la acusación por narcoterrorismo, que ha motivado despliegues militares en el Caribe para frenar el tráfico de drogas.
Con este nuevo proceso judicial, Washington refuerza la presión contra el régimen de Caracas y envía un mensaje directo a quienes, dentro o fuera de Venezuela, intenten mover fondos ligados a los jerarcas chavistas.
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