En un movimiento que redefiniría el contexto de la seguridad estatal, la Cámara de Representantes impulsa el proyecto de ley HB 945, una iniciativa para dotar a Florida de su propio aparato de inteligencia similar a la CIA.
La propuesta, promovida por el republicano Danny Álvarez, faculta al Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE) para desplegar una fuerza de élite antes de 2033 capaz de neutralizar riesgos internos y externos.
De ser aprobada, la nueva ley marcaría un distanciamiento estratégico de Washington en busca de garantizar la defensa del estado con recursos propios frente a posibles vacíos de la cobertura federal.
Paso inédito
La legislación representa un giro en la arquitectura de seguridad de Estados Unidos, donde las labores de espionaje y contrainteligencia recaen históricamente en la jurisdicción federal.
Con la legislación en curso, Florida buscaría romper ese monopolio. El proyecto recibió el martes el visto bueno del Comité Judicial de la Cámara con una votación de 16-1, tras haber logrado unanimidad (15-0) en el Subcomité de Operaciones Gubernamentales.
“Florida tiene la responsabilidad de cuidar de sí misma”, sentenció el representante Álvarez, veterano del Ejército y artífice de la propuesta, quien argumenta que el tercer estado más poblado del país no puede supeditar su seguridad a la burocracia de Washington.
Estructura
El texto legislativo ordena una construcción escalonada de la unidad. El FDLE deberá cimentar un núcleo de liderazgo de diez oficiales para julio de 2027.
La meta final, fijada para diciembre de 2033, contempla siete equipos regionales distribuidos por el estado, integrados en las Fuerzas de Tarea de Seguridad Doméstica Regional (RDSTF).
A diferencia de los “Centros de Fusión” actuales, que se limitan a compartir información, esta nueva unidad tendrá mandato operativo para “detectar, identificar, neutralizar y explotar” entidades adversarias, de acuerdo con la propuesta,
Esto coloca a Florida en una posición similar a la del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), cuya oficina de inteligencia opera con un alcance global y autonomía que a menudo rivaliza con las agencias federales, aunque a escala de una ciudad. Florida pretende llevar ese modelo al nivel estatal.
Costos y Senado
Pese al avance en la Cámara, la iniciativa enfrenta dos obstáculos mayores. Primero, el impacto fiscal permanece como una incógnita clasificada como “negativa e indeterminada”.
La creación de 77 puestos altamente especializados, junto con tecnología de punta y centros de operaciones, sugiere una carga presupuestaria millonaria que el Comité de Presupuesto deberá evaluar en los próximos días.
Segundo, la versión del Senado (SB 1712), presentada por el senador Jonathan Martin, permanece estancada sin movimiento en sus tres comités asignados desde el 9 de enero.
Esta disparidad en el ritmo legislativo plantea interrogantes sobre la prioridad real del proyecto en la Cámara Alta o si se trata de una estrategia de negociación política.
Preocupaciones
El inusual apoyo demócrata —con 15 copatrocinadores de ambos partidos— es visto por expertos como que la percepción de amenaza supera las divisiones ideológicas. Sin embargo, organizaciones de derechos civiles han encendido las alarmas.
La definición de “entidad de inteligencia adversaria” en el proyecto es vasta y podría abarcar desde espías extranjeros hasta corporaciones o grupos activistas domésticos, según analistas.
Críticos advierten sobre el riesgo de que una agencia de inteligencia estatal, sin los controles y equilibrios federales (checks and balances), pueda derivar en una herramienta de monitoreo político, especialmente en un clima nacional polarizado donde la desconfianza hacia el FBI ha sido un tema recurrente en el discurso del liderazgo republicano de Florida.
La medida espera ahora su turno en el Comité de Asuntos Estatales antes de llegar al pleno de la Cámara, donde su aprobación parece inminente, con lo que se abriría un nuevo capítulo en el federalismo estadounidense.
