La administración Trump presentó disculpas formales ante un tribunal federal por la deportación de una estudiante universitaria de 19 años que fue enviada a Honduras en directa violación de una orden judicial, aunque insistió en que el error burocrático no debería modificar el desenlace legal de su caso.
Any Lucía López Belloza, estudiante de primer año en Babson College, fue detenida el 20 de noviembre en el aeropuerto Logan de Boston mientras intentaba volar a casa para reunirse con su familia durante el fin de semana de Acción de Gracias. Apenas dos días después, el 22 de noviembre, fue deportada a Honduras a pesar de que existía una orden judicial de emergencia emitida el 21 de noviembre que instruía explícitamente al gobierno mantenerla en Massachusetts o en cualquier otro lugar dentro de Estados Unidos durante un mínimo de 72 horas.
Una falla en el sistema de alertas
Durante una audiencia celebrada el martes en la corte federal de Boston, representantes del gobierno reconocieron que la deportación violó la orden del juez. Según explicaron tanto en documentos judiciales como en sus comparecencias, un equipo de deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas creyó erróneamente que la orden judicial había perdido vigencia una vez que López Belloza abandonó el estado de Massachusetts.
El fiscal auxiliar Mark Sauter expresó ante el tribunal: «En nombre del gobierno, queremos disculparnos sinceramente». Sauter añadió que el empleado responsable comprende que cometió un error y caracterizó la violación como «un error involuntario de un individuo, no un acto intencional de violar una orden judicial».
El agente de ICE involucrado tampoco activó un sistema interno diseñado para alertar a otros funcionarios cuando un caso está bajo revisión judicial y una deportación debe suspenderse. En una declaración jurada presentada ante la corte el 2 de enero, el agente admitió además que no notificó a la oficina de cumplimiento de ICE en Port Isabel, Texas, que la misión de deportación debía cancelarse.
Argumentos contrapuestos sobre jurisdicción
A pesar de reconocer el error, el gobierno sostiene que la corte carece de jurisdicción sobre el caso porque los abogados de López Belloza presentaron su acción legal varias horas después de que ella llegara a Texas, ya en tránsito hacia su país de origen.
Los fiscales federales argumentan que la deportación fue legalmente válida, dado que un juez de inmigración ordenó la expulsión de López Belloza y su madre en 2016, decisión que fue ratificada cuando la Junta de Apelaciones de Inmigración desestimó su recurso en 2017. Según el gobierno, ella tenía la opción de buscar apelaciones adicionales o solicitar una suspensión de la orden de deportación.
Todd Pomerleau, abogado de la estudiante, rechazó estos argumentos y afirmó que su clienta fue deportada en clara violación de la orden del 21 de noviembre. «Las acciones del gobierno la privaron de debido proceso», declaró Pomerleau. «Esperaba que el gobierno mostrara algo de indulgencia y la trajera de vuelta. Violaron una orden judicial».
Un juez dividido entre el error y la ley
El juez Richard Stearns reconoció el carácter «trágico» del error burocrático y agradeció que el gobierno admitiera su equivocación. Sin embargo, pareció inclinarse a descartar la posibilidad de declarar al gobierno en desacato al tribunal, señalando que la violación no parecía intencional.
Stearns también cuestionó su propia jurisdicción sobre el asunto, sugiriendo que coincide con la posición gubernamental de que la orden judicial fue presentada demasiado tarde, después de que López Belloza ya había sido trasladada a Texas.
«Puede que no sea culpa de nadie, pero ella fue la víctima de ello», observó el magistrado, quien en un momento sugirió que López Belloza podría explorar la posibilidad de solicitar una visa de estudiante para regresar al país.
Vida actual y posibles soluciones
López Belloza, cuya familia emigró de Honduras a Estados Unidos en 2014, actualmente reside con sus abuelos y continúa sus estudios universitarios de forma remota. No se encuentra bajo detención y recientemente visitó a una tía en El Salvador.
Pomerleau propuso como posible resolución permitir que su clienta regrese a Estados Unidos para completar su educación en Babson College mientras él trabaja para reabrir el caso de deportación subyacente que se remonta a 2016.
Un patrón preocupante
El caso de López Belloza no es un incidente aislado. Representa el más reciente en una serie de deportaciones ejecutadas en aparente desafío a órdenes judiciales durante la actual administración.
Kilmar Ábrego García fue deportado a El Salvador a pesar de un fallo judicial que debería haberlo impedido. La administración Trump inicialmente se resistió a los esfuerzos para repatriarlo, pero finalmente cumplió después de la intervención de la Corte Suprema. En junio del año pasado, un ciudadano guatemalteco identificado en documentos judiciales como O.C.G. fue devuelto a Estados Unidos después de que un juez determinara que su deportación desde México probablemente carecía de cualquier apariencia de debido proceso legal.
Estos casos plantean interrogantes sobre los mecanismos de supervisión y cumplimiento de órdenes judiciales dentro del sistema de inmigración, especialmente en situaciones donde el tiempo es crítico y los individuos pueden ser trasladados rápidamente fuera de la jurisdicción de los tribunales que intentan revisar sus casos.
Implicaciones más amplias
El incidente subraya las tensiones entre la aplicación agresiva de las leyes migratorias y las garantías constitucionales de debido proceso. También revela las vulnerabilidades en los sistemas de comunicación interinstitucional que pueden resultar en violaciones involuntarias pero consecuentes de órdenes judiciales.
Para López Belloza, una estudiante de primer año cuyo único objetivo era sorprender a su familia durante las festividades, el «error burocrático» ha significado la interrupción de sus estudios presenciales, la separación de su comunidad académica y la incertidumbre sobre su futuro educativo en Estados Unidos.
Mientras el caso continúa su curso en los tribunales federales, permanece la pregunta central: ¿puede un error administrativo, por involuntario que sea, justificar la violación de una orden judicial y las consecuencias irreversibles que conlleva para la vida de una joven estudiante?
