Las normas, reveladas mediante documentos internos de capacitación del Departamento de Seguridad Nacional, instruyen a evaluar estrictamente la ideología de los solicitantes.
Las nuevas instrucciones exigen a los agentes migratorios remitir a revisión legal cualquier caso que presente «conductas o ideologías antiamericanas», las cuales serán catalogadas como factores «abrumadoramente negativos» para la regularización migratoria. Esta penalización aplicaría incluso si las acciones del solicitante no constituyen un delito o están amparadas por las leyes de libertad de expresión.
La medida establece un énfasis particular en castigar a los extranjeros que hayan formado parte del activismo en campus universitarios en el contexto del conflicto en Medio Oriente iniciado en 2023. Además, reitera la intención gubernamental de negar la residencia a quienes quemen la bandera estadounidense, a pesar de que el Tribunal Supremo ha dictaminado reiteradamente que es un acto protegido constitucionalmente.
Organizaciones civiles han encendido las alarmas ante lo que consideran un peligroso precedente autoritario. Representantes de la Coalición de Inmigración de Nueva York denunciaron que esta regulación representa una censura flagrante que castiga las creencias personales, afectando el pilar democrático de la libertad de expresión bajo la fachada de una amplia agenda de deportaciones.
