Los ataques aéreos de efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el sur del estado Bolívar, concretamente en los kilómetros 33 y 88, Las Claritas, municipio Sifontes de la entidad bolivarense, en el sur de Venezuela, fueron ordenados por el general Dan Caine, jefe de Estado Mayor Conjunto del ejército estadounidense, quien visitó Caracas hace una semana para mantener una reunión con autoridades del gobierno interino de Delcy Rodríguez.
Según se conoció a través de pobladores que hacen vida en las minas ubicadas en Bolívar, el objetivo militar de los Estados Unidos es la agrupación criminal el Tren de Aragua, que habría estado actuando en esa zona aurífera del sur venezolano.
Además, los ataques serían dirigidos contra una facción llamada “El Sindicato“, según las voces que se expresan desde esos predios mineros.
También afirman que el tutelaje derrumbó todo lo que construyó el chavismo-madurismo y que Delcy Rodríguez no logró enfrentarlos.
Se preguntaron esos pobladores de las minas: ¿Cómo queda Iris Varela en esta operación militar de los EE. UU.?
Expertos en temas militares y politólogos coinciden que las operaciones militares contra grupo criminales tienen a Caine como principal impulsor por orden del presidente Donald Trump.
Enderson Sequera, politólogo, asegura que lo que sucede en las minas era un resultado predecible para quien estuviera prestando atención.
Luego de la aprobación de la Ley Orgánica de Minas en abril de este año, quedó claro que para Estados Unidos, ejerciendo su tutelaje sobre los Rodríguez y el chavismo, es una prioridad asegurar que el oro venezolano y las tierras raras no fueran a parar al contrabando para enriquecer a la élite chavista o cayeran en manos de los enemigos de EEUU, sino que se comercializaran por los canales regulares”, explica Sequera.
Para ello, la seguridad es una prioridad. “En criollo, es una prioridad recuperar el control territorial y el monopolio de la fuerza en el sur del país. Esto pasa por expulsar a los grupos irregulares y las mafias que controlan el Arco Minero. Ninguna empresa seria va a invertir en el negocio minero en Venezuela si no se le ofrecen garantías de seguridad física para sus inversiones. Esto pasa por expulsar al ELN, a los grupos armados colombianos y a las mafias locales que controlan el territorio”, añade.
Riesgos y preocupaciones
La ONG SOS Orinoco, fundada en 2018 y dedicada a documentar y denunciar la destrucción ambiental, la minería ilegal y los abusos en el Arco Minero del Orinoco, se ha mostrado activa en redes sociales. “Hemos estado monitoreando sistemáticamente esta región a través de una red de fuentes locales confiables, lo que nos permite verificar la información en tiempo real”, se lee en un mensaje en X.
En ese canal, la organización dirigida por la investigadora y activista Cristina Vollmer de Burelli, detalla lo siguiente: “Este conflicto no es un incidente aislado. Es el resultado directo de un modelo de gobierno criminal promovido y tolerado deliberadamente durante años por el régimen de Maduro y Delcy Rodríguez. Un ecosistema que hemos documentado ampliamente desde la creación ilegal del Arco Minero”, señala.
SOS Orinoco documenta que la operación actual se centra en áreas de alta estrategia como Las Brisas y Las Cristinas, una región con vastas reservas de oro y cobre y una larga historia de disputas legales internacionales. Esto sugiere fuertes presiones políticas y económicas para recuperar el control territorial, sugiere.
¿El principal riesgo? Un enfoque puramente militar, sin una estrategia integral, podría desencadenar desplazamiento masivo de miles de mineros y sus familias, mayor deterioro de la crisis humanitaria y violencia que afecte a civiles inocentes. La minería ilegal en Bolívar es un problema complejo que no puede resolverse solo con la fuerza bruta. Requiere planificación territorial seria, formalización de los mineros artesanales, atención social genuina, restauración ambiental”.
Trump, Caine y las órdenes
De acuerdo con lo expuesto por el primer teniente del Ejército, José Rodríguez Araña, militar disidente y preso político exiliado en Estados Unidos, hace cuatro días, tres después de la visita del general Dan Caine, en el seno de la FANB emitieron un radiograma en el que se ordenaba a todo el personal de la Guardia Nacional con conocimientos en Operaciones Especiales (FFEE) a presentarse en Caracas, esto para girar instrucciones de la Orden de Operaciones que se ejecuta en el sur del estado Bolívar.
Las operaciones militares que se están llevando a cabo en estos momentos no están participando de manera presencial los EEUU con tropas en el terreno pero si bajo su orden y dirección, posiblemente guiadas por la visita que hizo el Jefe del Estado Mayor Conjunto de los EEUU el General Dan Caine el fin de semana, cuando se reunió con funcionarios venezolanos en la embajada”, asegura Rodríguez Araña.
En sus palabras, la operación militar busca tomar el control de ciertos espacios mineros empezando por esa zona y pare ello se emplean comandos de la GNB, el CONAS, Fuerzas Especiales del Ejército (Destacados en El Guri), la Aviación Militar (Helicópteros AS532 Cougar y Super Puma) y otras unidades de apoyo.
Sobre las operaciones militares, SOS Orinoco exige transparencia total y la protección inmediata y efectiva para la población civil y una estrategia real, basada en derechos, que aborde las causas profundas. “Tras años de monitoreo sobre el terreno, una conclusión es clara: el sur de Venezuela no puede estabilizarse sin desmantelar el modelo mafioso que alimentó la extracción ilegal y las estructuras armadas”.
Para Walter Molina, politólogo venezolano residenciado en Argentina, bajo la tutela de los Estados Unidos, la coalición que se mantiene en el poder ejecuta operaciones militares en las zonas del Arco Minero del Orinoco controladas por bandas criminales.
Ocurre apenas siete días después de la visita del general Dan Caine a Venezuela. Las bandas que hoy son atacadas son las mismas que durante años trabajaron con y para el sistema construido por el chavismo. Pero, claro, en estos ataques también hay inocentes esclavizados que están siendo afectados. Todo lo que ocurre en esas zonas tiene un responsable político perfectamente identificado”, denuncia.
Molina asegura que los combates en Las Claritas y el Km 88 no forman parte de una guerra del Estado contra un enemigo externo sino el poder (de facto) que intenta destruir una criatura que durante años alimentó, financió y utilizó. “Lo hace, por supuesto, porque así se lo han exigido desde Washington, donde mandan quienes tutelan Venezuela”, señala.
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