Lo que debía representar el cierre de su proceso migratorio en Estados Unidos terminó en una deportación inesperada para un joven venezolano, un caso que ha encendido las alarmas entre quienes atraviesan trámites similares.
Samuel, de 28 años, fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante la entrevista final para obtener la residencia permanente. El procedimiento se llevó a cabo en oficinas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración en Phoenix, Arizona, a donde acudió acompañado de su esposa estadounidense y su hija de tres años.
Según su testimonio, fue separado de su familia bajo el argumento de una entrevista individual y arrestado sin previo aviso. “Fue el último momento que vi a mi esposa. Me esposaron y me llevaron. No hubo preguntas, no hubo despedidas”, relató.
Tras la detención, fue trasladado a un centro migratorio en Florence, Carolina del Sur, donde permaneció durante un mes. Durante ese tiempo, aseguró haber enfrentado condiciones precarias, con limitaciones para comunicarse con sus familiares, escasez de alimentos y un entorno marcado por enfermedades y presión psicológica.
La deportación dejó a su familia en una situación económica delicada. Su esposa, embarazada de cinco meses y estudiante de enfermería, quedó al frente del hogar sin ingresos, con deudas acumuladas y el riesgo de perder sus bienes.
Actualmente, Samuel se encuentra en Guanare, Portuguesa, desde donde intenta iniciar un proceso de perdón migratorio que podría prolongarse durante años, según especialistas.
El caso también ha puesto el foco sobre posibles fallas en la asesoría legal recibida. El joven afirmó que, pese a haber pagado miles de dólares, no fue advertido de los riesgos asociados a su forma de ingreso al país en 2020, lo que habría requerido un trámite previo fuera de territorio estadounidense.
Expertos en materia migratoria advierten que situaciones como esta pueden prevenirse mediante una revisión exhaustiva del historial migratorio antes de acudir a citas oficiales, así como verificando que los representantes legales estén debidamente acreditados. En esa línea, organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles recomiendan solicitar el historial migratorio a través de la Ley de Libertad de Información (Foia, en inglés) y contar con un plan de contingencia familiar ante posibles detenciones.
