escuchan las acusaciones por delitos cometidos durante una década, incluyendo la ola de asesinatos que detonó el actual régimen de excepción en 2022.
La Fiscalía General de la República atribuye a estos líderes la autoría intelectual de 86 asesinatos clave, además de la muerte de 80 agentes policiales y más de 47,000 crímenes registrados entre 2012 y 2022. Según la parte acusadora, estos jefes pandilleros eran quienes daban las autorizaciones para atentar contra la fuerza pública y ciudadanos que se oponían a sus extorsiones. El presidente Nayib Bukele ha comparado este proceso judicial con los juicios de Núremberg por su importancia histórica.
El proceso se rige bajo un nuevo modelo de audiencia única que permite juzgar a grandes grupos de personas de forma simultánea, una reforma legal impulsada para agilizar la «guerra contra las pandillas». No obstante, este esquema de juicios masivos ha sido duramente criticado por organizaciones de derechos humanos, que consideran que el formato impide una defensa individualizada y ataca las garantías fundamentales de los procesados bajo un sistema de justicia colectiva.
Mientras el juicio avanza, el régimen de excepción cumple más de cuatro años de vigencia, sumando más de 91,000 detenidos y una alta aprobación popular para Bukele. Sin embargo, el costo social es alto: se han registrado más de 6,400 denuncias de violaciones a derechos humanos y 500 muertes bajo custodia del Estado. Este megajuicio es visto como la prueba final de la estrategia gubernamental para desarticular definitivamente las estructuras criminales en el país.
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