el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca una de sus principales promesas fue atacar a los inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos y deportarlos. Y en los casi 15 meses que el mandatario republicano lleva en el poder, ha utilizado a agencias federales como ICE y CPB para cumplir su cometido.
Con rostros cubiertos e incluso usando armas, agentes de ‘la migra’ han arreciado operativos en todos los rincones de Nueva York y otras partes del país, no solo para detener a personas sin papeles, sin órdenes judiciales, sino que según organizaciones comunitarias también han promovido la práctica de parar a quienes lucen como inmigrantes. No importa si tienen procesos migratorios pendientes, ajustes de estatus o solicitudes de asilo, en lo que defensores aseguran es una clara violación a la ley. Incluso algunos ciudadanos han terminado en manos de ICE solo por lucir como latinos.
Y este jueves, a nombre de 8 neoyorquinos latinos que fueron arrestados, las organizaciones Legal Aid Society, la Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU), Make the Road New York y la firma Covington & Burling LLP presentaron una demanda colectiva ante el Tribunal de Distrito de los EE.UU. para el Distrito Este de Nueva York en un intento más para que los agentes federales dejen de violar la ley.
En la acción legal se alega que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que maneja a agencias como ICE y CPB, está promoviendo “detenciones de neoyorquinos sin sospecha alguna, basándose únicamente en su raza y etnia percibidas, así como efectuar arrestos migratorios sin orden judicial y sin causa probable”. Se advierte además que las agencias mencionadas “tienen como objetivo ilegal a neoyorquinos latinos y personas de color para realizar detenciones y arrestos”.
Eso lo vivió en carne propia el pasado 26 de febrero, a las 7 de la mañana, René Antonio Benitez, de 36 años, uno de los demandantes, cuando llevaba a su hija mayor (residente de 17 años) a la escuela en el auto de su hermano.
El padre de familia, quien vive en Brentwood, Nueva York, y quien tiene otra hija (ciudadana de 9 años), fue detenido por un vehículo sin identificación que encendió las luces para que se hiciera a un lado de la carretera, a pesar de no estar violando ninguna norma de tráfico. No había vivido nada semejante en los 14 años que tiene viviendo en estados Unidos.
Agentes enmascarados, quienes portaban armas, le pidieron a Benitez su identificación, y tras mostrar su licencia de conducción, le preguntaron si tenía papeles. Tras asegurar que “no”, le pidieron que se bajara del vehículo y le dijeron que lo iban a detener, porque ellos “estaban agarrando a cualquiera que estuviera ilegal en el país”.
A pesar de no tener una orden de un juez ni estar buscándolo, lo sometieron, lo esposaron y lo trasladaron a Central Islip, donde le pidieron que firmara un documento para auto deportarse, solicitud a la que se negó, pues conocía sus derechos. Tras la rápida acción de sus abogados, y 36 horas de arresto, un juez ordenó su liberación con un “habeas corpus”.
“Me pararon solo por mis rasgos hispanos”, asegura el inmigrante, quien en ese momento sintió que “el mundo se le venía abajo” sufriendo mucho temor e incertidumbre, pues a pesar de haber recobrado su libertad no sabe en que momento pueda volver a enfrentar una detención similar ya que siguió con su vida normal, trabajando en el mismo restaurante donde ha trabajado y movilizándose por la misma vía en la que lo detuvieron.
“Uno la verdad no está preparado emocionalmente para ese momento. Todo se viene abajo y ahora no me siento tranquilo. Estoy siempre con el temor de que me vuelvan a pasar y me vuelvan a arrestar porque siempre estoy en la misma rutina”, dice el demandante, al tiempo que menciona que decidió llevar su caso a los tribunales con la esperanza de que ICE respete la ley. “Siento que esta demanda tal vez pueda cambiar algo y que el trato que nos están dando no sea solo por nuestros rasgos físicos porque parecemos latinos”.
Sobre las acciones de ICE que tan solo en los primeros seis meses de la segunda Administración Trump arrestaron a 2,888 no ciudadanos en el área metropolitana de la ciudad de Nueva York, más del triple del número de arrestos realizados en los últimos seis meses de la administración anterior, la fiscal estatal Letitia James criticó que exista una política de perfilamiento racial, lo que calificó de “ilegal e inadmisible”.
“Los neoyorquinos deberían poder llevar a cabo su vida cotidiana sin temor a ser objeto de persecución por parte de agentes federales enmascarados debido al color de su piel”, dijo la Fiscal neoyorquina, al tiempo que se mostró confiada en que la lucha de los demandantes “por hacer respetar la Constitución” surta efectos.
En la demanda se menciona además que los agentes federales de inmigración “rara vez cuentan con una base legal para creer que las personas a las que detienen están infringiendo las leyes de inmigración y, de manera sistemática, realizan arrestos sin tener en cuenta el estatus migratorio de la persona” ni su comportamiento en las comunidades. Esas prácticas, agrega la demanda han hecho que inmigrantes de todo Nueva York vivan “bajo un estado de sitio”, donde sufren una “persecución generalizada” que impide realizar con libertad rutinas simples como ir al trabajo, llevar a los niños a la escuela o hacer las compras en el supermercado.
“ICE está perfilando y deteniendo a neoyorquinos negros y latinos basándose únicamente en sus rasgos. Se trata de una violación flagrante de sus derechos civiles, que ha provocado que el miedo y el pánico se extiendan por todas las comunidades inmigrantes de Nueva York”, aseguró Meghna Philip, directora de la Unidad de Litigios Especiales de la organización Legal Aid Society. “Esta ilegalidad debe terminar, y el gobierno federal debe rendir cuentas por su abuso de autoridad. Nuestros clientes, y todos los neoyorquinos, merecen llevar a cabo su vida cotidiana y sus rutinas sin temor a ser objeto de vigilancia, detención y separación familiar arbitrarias y discriminatorias”.
Harold Solis, codirector legal de la organización Make the Road New York, explicó que la demanda, que también se presentó en nombre del Workers’ Center of Central New York, busca reafirmar las garantías fundamentales que protegen a todas las personas frente a los agentes gubernamentales y no permitir que se prive a alguien de su libertad basándose únicamente en prejuicios.
“Durante meses ICE ha detenido ilegalmente a neoyorquinos en espacios públicos, sin explicación, notificación ni el debido proceso. Y a menudo, basándose en nada más que en su apariencia física”, dijo el defensor. “Nuestros clientes vivieron esta experiencia en carne propia. Muchos de ellos fueron detenidos por hacer lo que innumerables neoyorquinos hacen a diario: llevar a sus hijos a la escuela, cargar gasolina o ir a trabajar. Y el sufrimiento que padecieron fue el resultado previsible de una política ilícita, impulsada por motivaciones ilegítimas y cuotas de deportación, y no por la Constitución ni por el Estado de derecho”.
Amy Belsher, directora de Litigios sobre Derechos de los Inmigrantes de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU), mencionó que durante más de un año agentes de inmigración han tratado al estado como “una zona exenta de la Constitución”, donde detienen “ilegalmente a neoyorquinos” basados en su perfil racial.
“Los neoyorquinos que siguen con sus vidas —yendo al trabajo, llevando a sus hijos a la escuela o haciendo la compra— deben temer ahora ser repentinamente capturados por agentes enmascarados y detenidos sin causa probable”, dijo la abogada. “Estas prácticas son discriminatorias, inconstitucionales y constituyen una afrenta a los derechos de todos los neoyorquinos. Confiamos en que el tribunal exigirá responsabilidades a los funcionarios de inmigración de esta administración”.
La demanda, que se espera tenga un largo camino que recorrer, insiste en que los arrestos basados en el perfilamiento racial son una clara violación de múltiples leyes y regulaciones federales que prohíben a los agentes federales utilizar la raza de una persona como justificación para arrestarla o detenerla. La principal motivación sería un esfuerzo por cumplir con lo que califican como “desorbitadas cuotas de arrestos migratorios de la Administración Trump”
