Cuba permite desde esta semana que sus ciudadanos en el exterior inviertan en la isla, un cambio legal que el régimen ya había avanzado en un contexto marcado por las presiones de Estados Unidos para que La Habana aplique reformas económicas, informó la agencia EFE.
Sumida en una profunda crisis estructural y sin acceso a financiación multilateral, Cuba intenta promover los lazos económicos y comerciales con los cerca de tres millones de cubanos que se estima que residen fuera de la isla como una vía hacia la recuperación.
El Decreto-Ley 117 y su correspondiente reglamento, que entraron en vigor de inmediato con su publicación en la Gaceta Oficial, establecen la “condición migratoria de inversores y de negocios a cubanos residentes en el exterior”, con la que el régimen busca atraer especialmente a la comunidad cubanoamericana.
El cambio había sido anunciado por primera vez en el 2024 y luego, en marzo pasado, el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva, lo destacó como una de las reformas de alcance económico del régimen cubano.
El ministro argumentó entonces que la decisión iba “más allá de la esfera comercial” e incluía también “grandes inversiones, especialmente en infraestructuras” de sectores considerados prioritarios como el turístico, la minería y el energético.
La diáspora cubana tiene un importante peso a nivel político y económico en la isla, por su influencia en la política estadunidense, por las remesas que envía al país y por su capacidad para apoyar comercial y financieramente al incipiente sector privado.
El jefe de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior (Minint) de Cuba, Mario Méndez, aseguró que “los ciudadanos cubanos que obtengan la categoría de inversores y de negocios contarán con los mismos derechos que los que poseen residencia efectiva en el territorio nacional”.
Añadió que se trabaja “de forma acelerada” en el establecimiento de otras normativas específicas para que, quienes obtengan esa condición, estén “protegidos” y “puedan invertir directamente en el país” sin necesidad de apoyarse en una “tercera persona”.
Méndez indicó asimismo que la nueva norma da fin al concepto de “emigrado”, que se le otorgaba a los cubanos que migraron y pasaron más de 24 meses consecutivos en el exterior sin volver al país, aunque fuese brevemente.
Malluly Díaz, subdirectora general de Asuntos Consulares de la Cancillería cubana, indicó por su parte que “la condición se solicita en las entidades consulares a partir de que ese cubano tenga establecida una relación con alguna empresa o entidad económica y posea un proyecto de negocio aprobado en la isla”.
Desde enero pasado Estados Unidos presiona al régimen cubano para que introduzca reformas en su sistema económico y su régimen político, dos campos que La Habana ha declarado vedados a la negociación con terceros por ser asuntos internos.
No obstante, las dos capitales han establecido contactos -y celebrado al menos un encuentro físico-, pero hasta el momento no han anunciado ámbitos de entendimiento o avances.
Como parte de la presión, Washington ha impuesto un bloqueo petrolero sobre la isla que ha agudizado notablemente la crisis estructural que ya sufría el país, paralizando casi totalmente al sector estatal y prolongando los ya largos apagones en la isla.
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