Un juez federal bloqueó este lunes la decisión de la administración del presidente Donald Trump de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS), que permite a unos 350,000 haitianos vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos, de acuerdo con la agencia AP.
La jueza federal de distrito Ana Reyes, con sede en Washington, concedió una solicitud para pausar la terminación del TPS para los ciudadanos haitianos mientras avanza una demanda que impugna la medida. La protección estaba prevista para expirar este martes.
“Podemos respirar un poco”, dijo Rose-Thamar Joseph, directora de operaciones del Centro de Apoyo a Haitianos en Springfield, Ohio. “No es una victoria definitiva, porque un juez no puede rediseñar un país para el TPS ni extenderlo, pero significa mucho para nosotros”.
Durante la mañana del lunes, decenas de líderes religiosos y cientos de feligreses se reunieron en Springfield para cantar y orar en respaldo a los migrantes haitianos, ante el temor de que su estatus migratorio terminara esta semana. El grupo esperaba la intervención del tribunal federal.
Opinión de la jueza Ana Reyes
En una opinión adjunta de 83 páginas, Reyes sostuvo que es probable que los demandantes prevalezcan en el fondo del caso y consideró “sustancialmente probable” que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, hubiera predefinido la decisión de cancelar el TPS debido a una supuesta “hostilidad hacia los inmigrantes no blancos”.
“Durante la suspensión, la terminación será nula, sin valor y sin efecto legal“, señaló la jueza en su orden de dos páginas, al precisar que, por ahora, la medida no afecta la capacidad de los beneficiarios para trabajar ni los expone a detención o deportación.
Reacción del Departamento de Seguridad Nacional
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reaccionó de inmediato al fallo. Su portavoz, Tricia McLaughlin, calificó la decisión como “activismo ilegal“.
“El TPS de Haití se otorgó tras un terremoto ocurrido hace más de 15 años”, declaró. “Nunca se pretendió que fuera un programa de amnistía de facto, pero así lo han utilizado las administraciones anteriores durante décadas”.
El TPS puede ser otorgado por el secretario de Seguridad Nacional cuando las condiciones en un país se consideran inseguras para el retorno de sus ciudadanos, ya sea por desastres naturales, conflictos armados o inestabilidad política. Aunque permite residir y trabajar legalmente en Estados Unidos, no ofrece una vía directa hacia la ciudadanía.
En el caso de Haití, el TPS fue activado inicialmente en 2010 tras un devastador terremoto y ha sido prorrogado en múltiples ocasiones. Sin embargo, el país continúa enfrentando una grave crisis de seguridad, marcada por la violencia de pandillas que ha desplazado a cientos de miles de personas.
La administración Trump ha impulsado de forma agresiva la eliminación de estas protecciones, como parte de una política más amplia de deportaciones masivas. Además de los haitianos, el gobierno ha cancelado el TPS para unos 600,000 venezolanos, 60,000 personas de Honduras, Nicaragua y Nepal, más de 160,000 ucranianos y miles de ciudadanos de Afganistán y Camerún. Algunos de estos casos siguen en litigio en tribunales federales.
“Si la cancelación se mantiene, es casi seguro que habrá muertes”, escribieron en diciembre los abogados de los beneficiarios haitianos del TPS en un documento judicial. “Algunos probablemente morirán, otros probablemente morirán de enfermedades, y otros probablemente morirán de hambre”.
Los demandantes alegan que la decisión de poner fin al TPS para Haití estuvo motivada por prejuicios raciales y que Noem no evaluó adecuadamente si existía un conflicto armado en curso que representara una “amenaza grave” para la seguridad personal, como exige la ley.
El DHS, por su parte, sostiene que las condiciones en Haití han mejorado. En un escrito presentado en diciembre, los abogados del gobierno afirmaron que las acusaciones de animadversión racial se basan en declaraciones “sacadas de contexto, a menudo de otros oradores y de años atrás, y sin vínculos directos con las decisiones del Secretario”.
“Más bien, la Secretaria Noem proporcionó explicaciones razonadas y aparentemente suficientes para sus determinaciones“, indicaron.
Un aviso oficial emitido en noviembre señaló que se han registrado algunos avances en Haití, entre ellos la autorización de una nueva fuerza multinacional para enfrentar a las pandillas. Según ese documento, Noem determinó que permitir la permanencia de los haitianos en Estados Unidos no responde al interés nacional.
No obstante, líderes comunitarios rechazan esa evaluación. Jerome Bazard, miembro de la Primera Iglesia Evangélica Haitiana de Springfield, aseguró que regresar a Haití sigue siendo una opción peligrosa para muchos.
“No pueden ir a Haití porque no es seguro. Sin el TPS, no pueden trabajar. Y si no pueden trabajar, no pueden comer, no pueden pagar sus cuentas. Están matando a la gente“, afirmó.
