El fiscal federal Jay Clayton y el administrador de la DEA, Terrance C. Cole, anunciaron la decisión judicial desde el Distrito Sur de Nueva York. Clayton calificó al sentenciado como «uno de los traficantes de cocaína más prolíficos jamás sentenciados en este tribunal», responsable de la distribución de cientos de toneladas de droga mediante una red que operó impunemente desde el año 2003.
Según los documentos presentados durante el juicio, Orense Azocar convirtió varias fincas en Venezuela en centros logísticos con pistas de aterrizaje clandestinas y tanques subterráneos para el almacenamiento de estupefacientes. Desde allí coordinó el envío de cargamentos aéreos y marítimos hacia México, República Dominicana y otros puntos del Caribe, utilizando códigos de transpondedor fraudulentos para que sus aeronaves cruzaran el espacio aéreo sin ser interceptadas.
La investigación reveló que esta operación masiva solo fue posible gracias a una estrecha alianza con altos funcionarios del Estado venezolano. El capo pagó sobornos a generales militares, comisarios de la policía nacional y directivos de las agencias de inteligencia, quienes le garantizaron protección ante redadas, acceso a armamento militar y paso seguro para sus convoyes a través de alcabalas oficiales.
Para resguardar su imperio criminal, «El Gordo» empleó equipos de seguridad armados con fusiles automáticos, subametralladoras y ametralladoras calibre .50. El administrador de la DEA, Terrance C. Cole, aseguró que «los estrechos vínculos de Orense Azocar con el gobierno venezolano le proporcionaron recursos para ayudarle a evadir a las fuerzas del orden», hasta su captura y posterior extradición desde Italia en junio de 2022.
El caso estuvo a cargo de la Unidad de Seguridad Nacional y Narcóticos Internacionales, cerrando así el ciclo delictivo de quien también se asoció con fuerzas guerrilleras en Colombia y Venezuela para asegurar el suministro de la droga.
