El viceministro de Relaciones Exteriores de la dictadura de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, afirmó que el régimen está dispuesto a compensar a los ciudadanos y empresas de Estados Unidos cuyas propiedades fueron nacionalizadas tras 1959.
Estas declaraciones, ofrecidas al medio Drop Site, ocurren poco después de que Miguel Díaz-Canel admitiera la existencia de conversaciones con Washington, un hecho que las autoridades de la isla habían negado inicialmente.
A pesar de mantener una retórica de confrontación y de asegurar preparación ante una eventual agresión militar, el régimen cubano busca ahora un acuerdo de suma global. Bajo este esquema, la dictadura entregaría un monto a la administración estadounidense para que esta gestione las reclamaciones de sus ciudadanos, reseña el portal web Diario de Cuba.
No obstante, la dictadura cubana condiciona este resarcimiento a la negociación de un acuerdo integral que aborde las sanciones económicas y el embargo. El planteamiento del régimen también incluye la exigencia de permitir niveles de inversión estadounidense en la isla que actualmente se encuentran prohibidos.
Fernández de Cossío señaló que la dictadura ya estableció en el pasado acuerdos similares con otros seis países cuyas propiedades fueron expropiadas, y sostuvo que Estados Unidos fue el único que no aceptó las condiciones ofrecidas en la década de 1960. El funcionario afirmó que existen estudios según los cuales, de haberse aceptado el trato en aquel momento, los pagos ya habrían concluido.
Este giro en la postura oficial del régimen cubano se produce en un contexto de crisis interna y refleja un intento por ceder ante las exigencias históricas de Estados Unidos para obtener alivio en las restricciones económicas que pesan sobre la isla.
