La Fiscalía de Bolivia emitió este miércoles una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales (2006-2019), a quien acusa de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado y otros delitos vinculados a los violentos bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio.
Las movilizaciones, impulsadas por sectores afines al exmandatario, exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz y paralizaron el país durante siete semanas.
La medida fue dictada por el fiscal Brayan Melgar y ratificada por allegados al exjefe de Estado. La orden judicial abarca además los presuntos delitos de asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentados contra la seguridad de los servicios públicos y de los medios de transporte, reseñó Efe.
Bloqueos violentos y desabastecimiento
Entre mayo y junio, sectores campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) mantuvieron el corte de vías clave en el centro y occidente de Bolivia con el respaldo directo del evismo. La protesta buscaba la dimisión del presidente Paz como exigencia central.
La medida de fuerza provocó el desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en diversas urbes. El saldo fue de al menos 16 fallecidos –13 de ellos por la imposibilidad de recibir atención médica oportuna debido a los cercos viales– y pérdidas económicas que superan los 3.000 millones de dólares.
El proceso legal responde a una denuncia penal interpuesta a inicios de julio por líderes cívicos de Santa Cruz, a la que posteriormente se adhirió el ministro de gobierno, Marco Antonio Oviedo. La imputación alcanza también al máximo dirigente de la COB, Marco Argollo, y al líder campesino de La Paz, Vicente Salazar, quien cumple detención preventiva desde el 6 de julio.
La postura de Morales y las pruebas en su contra
El expresidente rechaza las acusaciones, al alegar que las protestas demandaban respuestas socioeconómicas del Ejecutivo y no la renuncia del mandatario. Sin embargo, el propio Morales publicó el 24 de mayo en la red social X que el presidente Paz solo tenía «dos caminos» ante la crisis: militarizar la nación o convocar a elecciones en un plazo de 90 días.
«El mandatario tiene solo dos caminos ante los conflictos: militarizar el país o llamar a elecciones en los próximos 90 días», escribió el exjefe de Estado en redes sociales en medio de las protestas.
Tras sellar acuerdos parciales con la COB, el presidente Paz decretó el estado de excepción el 20 de junio, lo que facultó el despliegue de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para despejar las carreteras e imponer el orden público.
Refugiado en su bastión tras múltiples causas judiciales
Morales permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, su principal bastión político y sindical, donde centenares de sus seguidores lo resguardan para impedir su arresto.
Sobre el exmandatario pesa orden de captura previa por el presunto delito de trata agravada de personas, proceso en el que se le investiga por la supuesta relación con una menor de edad con quien habría tenido una hija durante su mandato en 2016. Por esta causa, un tribunal de Tarija lo declaró en rebeldía tras su incomparecencia al juicio oral, La Policía asegura que aguarda las condiciones operativas idóneas para ejecutar su detención.
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