El Tribunal Constitucional resolvió, el jueves 5, rechazar el pedido para frenar la celebración, prevista para el próximo lunes, de la votación en el Parlamento de Cataluña de la resolución en favor de la independencia, informó hoy El País.
El Partido Popular del jefe de gobierno, Mariano Rajoy, el partido socialista PSOE y el liberal Ciudadanos recurrieron, el miércoles, en amparo al Constitucional para reclamar la suspensión de una votación que, según ellos, atentaría contra la legalidad. Sin embargo, el alto tribunal afirmó que esa suspensión supondría «un control de constitucionalidad sobre una resolución que no se ha adoptado y cuyo contenido último se desconoce».
De acuerdo con la resolución, el Tribunal asegura que el Parlamento «es la sede natural del debate político» y el resultado de este «no debe condicionar anticipadamente la viabilidad misma del debate». Por ello entiende que no puede suspenderse la sesión.
Sin embargo, el gobierno español ya ha anunciado que, en cuanto sea aprobada la resolución en el Parlamento catalán, será impugnada, es decir, sin posibilidad de evitar la celebración del pleno. En ese caso sí habrá suspensión: cuando el que impugna es el gobierno central, la suspensión es automática sólo con la admisión a trámite.
«A la mayor rapidez posible, nosotros recurriremos si se produce la aprobación» de la resolución, anunció, no obstante, este jueves el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy.
El Parlamento de Cataluña tendrá ahora 10 días para enviar al tribunal la documentación sobre el caso y sus alegaciones sobre el recurso. El tribunal entiende que los recursos cumplen los requisitos formales, suscitan una cuestión de «consecuencias políticas» y se refieren a asuntos de «especial trascendencia constitucional» que exige la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) «porque plantea cuestiones sobre las que no hay doctrina de este Tribunal».
Una semana atrás, los partidos independentistas, que obtuvieron una mayoría de escaños en el Parlamento catalán en las elecciones regionales del 27 de septiembre, presentaron un documento que consagró el primer paso del proceso para que Cataluña se convierta en un Estado independiente.
Esa resolución insta a la creación de una administración tributaria propia y advierte que el Parlamento «no se supeditará a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional».
Las formaciones independentistas Junts pel Sí (JpS, Juntos por el Sí) y la CUP (Candidatura de Unidad Popular) registraron la resolución un día después de constituirse el nuevo Parlamento catalán.
«Se declara solemnemente el inicio del proceso de creación de un Estado catalánindependiente en forma de república», decía el documento.
