Carmen Teresa Navas, madre de Víctor Hugo Quero Navas, aseguró este sábado que no ha querido ofrecer declaraciones públicas tras confirmarse la muerte de su hijo bajo custodia del Estado, al afirmar que el dolor que atraviesa “no lo supera nadie”.
A través de un video difundido por la periodista Maryorin Méndez, Navas expresó el impacto emocional que le dejó la desaparición forzada y posterior fallecimiento de su hijo, cuyo caso fue reconocido oficialmente esta semana por el Ministerio para el Servicio Penitenciario.
“Esto no es fácil”, dijo visiblemente afectada. “Yo estoy agradecida porque no solamente yo pedía encontrar a mi hijo, sino a todas esas criaturas, a todos esos muchachos jóvenes que están perdiendo su juventud metidos en esas cárceles. Por favor, que tengan piedad y misericordia de esas criaturas”, expresó.
La madre de Víctor Hugo Quero también aseguró que durante todo el tiempo que buscó a su hijo las autoridades nunca le permitieron verlo ni confirmar directamente su estado de salud o paradero.
“No me dejaron ver a mi hijo”, afirmó.
Carmen Teresa Navas insistió además en exigir respuestas claras sobre las circunstancias de la muerte de Víctor Hugo Quero, ocurrida —según la versión oficial— el 24 de julio de 2025 en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, en Caracas.
La mujer pidió a las autoridades que expliquen “cómo y cuándo murió” realmente su hijo, luego de pasar 16 meses recorriendo cárceles, tribunales, hospitales y organismos públicos sin obtener información precisa sobre su situación.
El Ministerio para el Servicio Penitenciario informó esta semana que Quero Navas permanecía recluido en el Internado Judicial Rodeo I desde enero de 2025 y que fue trasladado al Hospital Militar tras presentar “hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo”. El comunicado oficial aseguró que falleció días después por “insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar”.
El caso ha generado una ola de denuncias de organizaciones de derechos humanos y familiares de presos políticos, quienes cuestionan el ocultamiento de información durante casi diez meses y exigen una investigación independiente sobre lo ocurrido bajo custodia estatal.
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