La mesa de diálogo para una transición política en Venezuela incluirá la revisión de las inhabilitaciones contra dirigentes opositores, después de que la líder opositora María Corina Machado exigiera la anulación inmediata de la sanción que le impidió competir en las elecciones presidenciales de 2024. La tercera ronda de negociaciones comenzó el miércoles pasado, pocas horas después de que Estados Unidos levantara las sanciones contra Jorge Rodríguez, jefe de la delegación oficialista y hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
Hace una semana, Vente Venezuela, el partido de Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, reclamó el fin de la medida que pesa sobre la dirigente desde 2023. La sanción le cerró el paso a la boleta electoral en los comicios generales que fueron denunciados por fraude y que dieron por ganador al ex dictador Nicolás Maduro.
Una ex magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró a la agencia AFP que firmó la inhabilitación de Machado bajo coacción por parte del régimen chavista. La ex funcionaria sostuvo que la presión se produjo tras el arresto, en diciembre de 2023, de dos de sus hermanos y de su cuñada, todos integrantes de las Fuerzas Armadas.
La presidenta de la comisión negociadora opositora, Dinorah Figuera, afirmó que las conversaciones apuntan a abrir un proceso electoral en Venezuela, país bajo gobiernos chavistas desde hace 27 años.
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, y la ex legisladora de oposición Dinorah Figuera lideran las conversaciones de diálogo nacional en Caracas, Venezuela, el 14 de octubre de 2026 (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)
“Vamos a tratar el tema, por supuesto, de las inhabilitaciones, de la recuperación de la siglas de los partidos políticos y por supuesto que nosotros vamos a buscar una fecha” para que se realicen elecciones en el país, sostuvo Figuera al finalizar una reunión con representantes del sector de la salud.
La dirigente, respaldada en la mesa de diálogo por Washington, añadió que las partes prevén una renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE) y aseguró que antes del cierre de 2026 estarán definidas “las bases para” ir “a (…) un proceso electoral”. Por su parte, Delcy Rodríguez señaló que habrá elecciones, aunque no fijó una fecha.
Las negociaciones comenzaron en agosto, ocho meses después de la captura de Maduro durante un operativo militar estadounidense en Caracas, el 3 de enero.
Hasta ahora, los principales acuerdos generados durante las dos reuniones previas contemplan la renovación del TSJ, cuestionado por la oposición por sus fallos favorables al chavismo, y la cooperación para recuperar las reservas de oro venezolanas bloqueadas en la entidad bancaria de Londres, el Bando de Inglaterra.
En paralelo a las conversaciones entre los representantes de la oposición y el chavismo, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) pidió a la delegación de Dinorah Figueroa la derogación de la Ley contra el Odio y de otras normas que, a juicio de la organización, limitan derechos fundamentales en Venezuela.
Familiares de presos políticos en una de las protestas por su libertad.
La solicitud surgió durante una reunión celebrada el jueves entre representantes de la ONG y la delegación opositora. En un mensaje difundido este viernes en X, el CLIPP sostuvo que esas leyes “han sido utilizadas para perseguir la disidencia política, criminalizar la crítica, restringir la libertad de expresión y amenazar la autonomía y existencia de las organizaciones de la sociedad civil”.
La organización también planteó la eliminación de la Ley de Fiscalización de las ONG, aprobada en 2024. Diversas organizaciones cuestionaron esa norma por considerar que afecta el derecho a la libre asociación.
El CLIPP sumó un nuevo reclamo por la excarcelación de los presos políticos. De acuerdo con el registro de Foro Penal, Venezuela mantiene 322 detenidos por razones políticas. El pedido coincide con el debate parlamentario sobre una reforma parcial de la Ley contra el Odio. La iniciativa cobró fuerza en septiembre, cuando Delcy Rodríguez admitió que las autoridades incurrieron en un uso abusivo de esa legislación.
Sectores civiles y opositores formularon críticas similares desde la entrada en vigencia de la norma. Datos divulgados por Foro Penal en septiembre indicaron que 927 personas fueron acusadas de “incitación al odio” desde la aprobación de la ley.