Carlos Ruiz Massieu, representante de la ONU en Haití, alerta sobre la adaptación de las bandas criminales a las operaciones de seguridad. La situación se complica con el aplazamiento indefinido de las elecciones, poniendo en riesgo la credibilidad institucional del país.
La crisis de violencia en Haití alcanza niveles alarmantes. En su intervención ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el máximo representante de Naciones Unidas en el país, Carlos Ruiz Massieu, advirtió sobre la adaptación de las tácticas de las bandas criminales en respuesta a las crecientes operaciones de seguridad. Este fenómeno se ha evidenciado con el reciente ataque a un vehículo de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) en Puerto Príncipe, un recordatorio de la escalofriante realidad que enfrenta la población.
Ruiz Massieu destacó que lo más preocupante es cómo estas organizaciones han intensificado sus represalias contra la población civil y han expandido su control hacia zonas rurales. Según el último informe de la ONU, las bandas han incrementado el uso de la toma de rehenes y la intimidación como métodos para mantener su dominio y desafiar la autoridad estatal.
Un claro ejemplo de esta estrategia fue el ataque en Kenscoff los días 23 y 24 de agosto, donde al menos 47 personas murieron, 22 resultaron heridas y 52 fueron secuestradas. Aunque trece rehenes fueron liberados gracias a esfuerzos locales apoyados por la ONU, la situación refleja un contexto de desesperación y violencia.
Sin embargo, el informe también señala que las operaciones de las fuerzas de seguridad haitianas han contribuido al aumento de las víctimas, representando el 52% de los 808 haitianos muertos o heridos desde julio, incluyendo a 148 personas sin vínculos con las bandas. Este dato resalta la complejidad de la crisis: la respuesta del Estado está generando más daño que soluciones.
La GSF, respaldada por el Consejo de Seguridad y con apoyo logístico de la ONU, sigue intentando hacer frente a la situación. A fecha del 12 de octubre, contaba con 1.563 efectivos, muy por debajo de los 5.550 agentes autorizados. A pesar de sus esfuerzos, los ataques contra sus patrullas continúan, como el reciente incidente en el que un vehículo de la GSF fue blanco de un ataque en la capital.
El representante especial de la GSF, Jack Christofides, también se dirigió al Consejo de Seguridad, enfatizando que aunque hay un impulso positivo, los retos son igualmente significativos. “Eliminar a las bandas de una zona es un paso importante, pero no es un fin en sí mismo”, afirmó, subrayando la necesidad de consolidar los avances en seguridad.
Ruiz Massieu coincidió en que las operaciones de seguridad solas no pueden llevar a una estabilización duradera. Abogó por el restablecimiento de la presencia del Estado y por programas de desarme y reintegración, especialmente para los menores reclutados por las bandas. La situación se complica aún más con el aplazamiento indefinido de las elecciones presidenciales y legislativas, inicialmente programadas para el 13 de diciembre.
Haití no celebra elecciones nacionales desde 2016, y aunque se han registrado más de 35 partidos y grupos políticos y 3.500 candidatos, la inseguridad y los desplazamientos masivos complican la organización de los comicios. Hasta el 5 de octubre, solo 759.257 votantes potenciales figuraban en los censos, de un electorado estimado en 6,5 millones.
Ruiz Massieu advirtió que establecer nuevas fechas para las elecciones sin una evaluación realista de su viabilidad solo erosionará la confianza pública en las instituciones haitianas. La sombra de la violencia y la inestabilidad continúa amenazando el futuro democrático del país.