El pasado 30 de enero, Delcy Rodríguez dio un paso en materia de derechos humanos fuera de pronóstico: anunció una ley de amnistía que abarca los hechos de “violencia política” desde 1999 hasta enero de 2026.
«La reconciliación debe ser a dos partes, no pierdan esta oportunidad. Les estamos extendiendo la mano, y nosotros esperamos que con madurez política sepamos enfrentar este nuevo desafío», dijo Rodríguez luego de que el proyecto de ley fuese aprobado por unanimidad en primera discusión dentro de la Asamblea Nacional el jueves 5 de febrero.
Lo que queda claro en un primer momento, tras la publicación de la normativa propuesta, son los 10 hechos específicos que abarca y los delitos que quedan excluidos: violaciones graves a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y de guerra, el homicidio intencional, el tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas cuando la pena mínima aplicable supere los nueve años de prisión y los delitos contra el patrimonio público.
Los abogados Juan Carlos Gutiérrez, presidente del Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Mundial de Juristas, y Joel García, especialista en derecho penal y defensor de derechos humanos, recuerdan que una ley de amnistía implica el olvido, el “dejar atrás en la historia un capítulo” y va dirigido hacia los hechos, es decir, hacia “todas las personas que estén relacionadas con ese hecho o delitos conexos con ese hecho de naturaleza política”.
