Los funcionarios federales de inmigración están ejerciendo amplios poderes para ingresar por la fuerza a las casas de las personas sin una orden judicial , según un memorando interno del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) obtenido por The Associated Press, lo que marca un cambio radical en las directrices de larga data destinadas a respetar los límites constitucionales a las búsquedas gubernamentales.
El memorando autoriza a los oficiales de ICE a usar la fuerza para ingresar a una residencia basándose únicamente en una orden administrativa más limitada para arrestar a alguien con una orden final de deportación, una medida que, según los defensores, choca con las protecciones de la Cuarta Enmienda y anula años de consejos dados a las comunidades inmigrantes.
El cambio ocurre mientras la administración Trump expande dramáticamente los arrestos de inmigrantes en todo el país, desplegando miles de oficiales bajo una campaña de deportación masiva que ya está reformulando las tácticas de aplicación de la ley en ciudades como Minneapolis.
Durante años, defensores de inmigrantes, grupos de asistencia legal y gobiernos locales han instado a las personas a no abrir sus puertas a los agentes de inmigración a menos que se les muestre una orden judicial. Esta recomendación se basa en fallos de la Corte Suprema que generalmente prohíben a las fuerzas del orden entrar en un domicilio sin autorización judicial. La directiva del ICE socava directamente esa recomendación en un momento en que los arrestos se están acelerando debido a la ofensiva migratoria del gobierno.
Documentos revisados por AP revelaron que los agentes sólo tenían una orden administrativa, lo que significa que no había ningún juez que autorizara el allanamiento a la propiedad privada.
Es casi seguro que el cambio enfrentará desafíos legales y duras críticas por parte de grupos de defensa y gobiernos estatales y locales favorables a los inmigrantes que han pasado años instando con éxito a las personas a no abrir sus puertas a menos que ICE les muestre una orden firmada por un juez.
Associated Press obtuvo el memorando y la denuncia de un denunciante de un funcionario del Congreso, quien los compartió bajo condición de anonimato para poder hablar de documentos confidenciales. AP verificó la autenticidad de los relatos de la denuncia.
El memorando, firmado por el director interino de ICE, Todd Lyons, y fechado el 12 de mayo de 2025, dice: “Si bien el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) históricamente no se ha basado únicamente en órdenes administrativas para arrestar a extranjeros sujetos a órdenes finales de deportación en su lugar de residencia, la Oficina del Asesor General del DHS ha determinado recientemente que la Constitución de los Estados Unidos, la Ley de Inmigración y Nacionalidad y las regulaciones de inmigración no prohíben basarse en órdenes administrativas para este propósito”.
El memorando no detalla cómo se tomó esa determinación ni cuáles podrían ser sus repercusiones legales.
La portavoz de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dijo en una declaración enviada por correo electrónico a la AP que todas las personas a las que el departamento entrega una orden administrativa ya han tenido “el debido proceso completo y una orden final de deportación”.
Afirmó que los agentes que emitieron dichas órdenes también hallaron causa probable para el arresto de la persona. Añadió que la Corte Suprema y el Congreso han “reconocido la pertinencia de las órdenes administrativas en casos de control migratorio”, sin entrar en detalles. McLaughlin no respondió a las preguntas sobre si agentes del ICE entraron en el domicilio de una persona desde la emisión del memorando, basándose únicamente en una orden administrativa y, de ser así, con qué frecuencia.
Los arrestos recientes arrojan luz sobre las tácticas
Whistleblower Aid, una organización legal sin fines de lucro que ayuda a los trabajadores a exponer irregularidades, dijo en la denuncia del denunciante obtenida por The Associated Press que representa a dos funcionarios anónimos del gobierno de Estados Unidos “que revelan una directiva política secreta y aparentemente inconstitucional”.
Una ola reciente de arrestos de alto perfil, muchos de ellos ocurridos en casas y negocios privados y capturados en video, ha puesto de relieve las tácticas de arresto de inmigrantes, incluido el uso de órdenes judiciales adecuadas por parte de los oficiales.
La mayoría de los arrestos migratorios se llevan a cabo mediante órdenes administrativas, documentos internos emitidos por las autoridades migratorias que autorizan el arresto de una persona específica, pero no permiten a los agentes entrar por la fuerza en domicilios particulares ni en otros espacios no públicos sin consentimiento. Solo las órdenes firmadas por jueces tienen esa autoridad.
Todas las operaciones de aplicación de la ley, incluidas las realizadas por ICE y Aduanas y Protección Fronteriza, se rigen por la Cuarta Enmienda de la Constitución, que protege a todas las personas del país de registros e incautaciones irrazonables.
Las personas pueden negar legalmente a los agentes federales de inmigración la entrada a una propiedad privada si los agentes sólo tienen una orden administrativa, con algunas excepciones limitadas.
Memorándum mostrado a funcionarios ‘selectos’
El memorándum dice que los oficiales de ICE pueden ingresar por la fuerza a las casas y arrestar a inmigrantes usando solo una orden administrativa firmada conocida como I-205 si tienen una orden final de deportación emitida por un juez de inmigración, la Junta de Apelaciones de Inmigración o un juez de distrito o magistrado.
El memorando indica que los agentes primero deben llamar a la puerta e informar quiénes son y por qué están en la residencia. Tienen un horario limitado para entrar a la vivienda: después de las 6 a. m. y antes de las 10 p. m. Las personas que se encuentren dentro deben tener una “oportunidad razonable para actuar legalmente”. Pero si eso no funciona, indica el memorando, pueden usar la fuerza para entrar.
“Si el extranjero se niega a ser admitido, los oficiales y agentes del ICE deben usar solo la cantidad necesaria y razonable de fuerza para ingresar a la residencia del extranjero, luego de la notificación apropiada de la autoridad del oficial o agente y su intención de ingresar”, se lee en el memorando.
El memorando está dirigido a todo el personal del ICE. Sin embargo, solo se ha mostrado a “funcionarios selectos del DHS”, quienes luego lo compartieron con algunos empleados, a quienes se les indicó que lo leyeran y lo devolvieran, escribió Whistleblower Aid en la divulgación.
A uno de los dos denunciantes solo se le permitió ver el memorando en presencia de un supervisor y luego tuvo que devolverlo. No se le permitió tomar notas. Un denunciante pudo acceder al documento y divulgarlo legalmente al Congreso, según Whistleblower Aid.
Aunque el memorando se emitió en mayo, David Kligerman, vicepresidente senior y asesor especial de Whistleblower Aid, dijo que a sus clientes les llevó tiempo encontrar un “camino seguro y legal para divulgarlo a los legisladores y al pueblo estadounidense”.
El memorando dice que a los oficiales del ICE se les dice que confíen únicamente en las órdenes administrativas
El ICE ha estado contratando rápidamente a miles de nuevos agentes de deportación para implementar la agenda de deportaciones masivas del presidente. Reciben capacitación en el Centro Federal de Capacitación para las Fuerzas del Orden en Brunswick, Georgia.
Durante una visita de The Associated Press en agosto, los funcionarios del ICE dijeron repetidamente que se estaba entrenando a nuevos oficiales para cumplir con la Cuarta Enmienda.
Pero según el relato de los denunciantes, a los oficiales de ICE recién contratados se les dice que pueden confiar únicamente en órdenes administrativas para ingresar a las casas y realizar arrestos, a pesar de que eso entra en conflicto con los materiales de capacitación escritos de Seguridad Nacional.
Lindsay Nash, profesora de Derecho en la Facultad de Derecho Cardozo de la Universidad Yeshiva en Nueva York, dijo que el memorando “contradice” lo que protege la Cuarta Enmienda y lo que el propio ICE históricamente ha dicho que son sus autoridades.
Ella dijo que hay un “enorme potencial de extralimitación y de errores, y hemos visto que eso puede suceder con consecuencias muy, muy graves”.
