A diciembre de 2025, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas registraba 62 personas en prisión política. Sin embargo, el 10 de enero, una semana después de la captura de Nicolás Maduro, el régimen de Ortega excarceló a 24 presos políticos.
Por otro lado, el Monitoreo Azul y Blanco reportó en esos días la detención de 71 nicaragüenses que celebraron en redes sociales la captura de Nicolás Maduro a través de una operación militar de Estados Unidos en Venezuela. De ese grupo, 38 personas habrían sido ya liberadas entre el 3 y el 8 de enero, según información del Monitoreo.
Los organismos de derechos humanos prefieren llamar “excarcelaciones” a estos eventos y no liberaciones, porque los presos políticos pasan a sus casas a un régimen de libertad condicionada, donde deben reportarse todos los días en una unidad policial y tienen prohibido dar declaraciones o salir de su municipio.
Quienes quedan en las cárceles de la dictadura son un grupo que el régimen de Ortega trata con especial saña y que se ha negado a liberar en las reiteradas excarcelaciones que ha hecho.
Nueve personas del grupo actual de presos políticos, se consideran en condición de “desaparición forzada”, explica Claudia Pineda, vocera del Monitoreo Azul y Blanco. No tienen proceso legal abierto, no reciben visitas familiares ni tienen acceso a un abogado, y no se sabe dónde y en qué condiciones, están.
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