Desde los primeros días posteriores a los sismos de magnitud 7,2 y 7,5, la sucesora de Maduro, Delcy Rodríguez, intentó proyectar control institucional con recorridos, balances oficiales y reuniones televisadas. Sin embargo, los testimonios recogidos en las zonas más golpeadas, especialmente en La Guaira, mostraron una realidad marcada por familias denunciando retrasos, falta de coordinación inicial y comunidades que tuvieron que organizarse para rescatar a sus propios vecinos.
La imagen de fortaleza que el aparato chavista buscó construir comenzó a enfrentar presión cuando sobrevivientes y familiares de desaparecidos relataron que las primeras horas —las más importantes en cualquier desastre— estuvieron marcadas por la desesperación. Mientras Miraflores defendió un despliegue inmediato, ciudadanos afectados aseguraron que pasaron largos períodos sin presencia suficiente de equipos oficiales.
El reclamo llegó incluso a la rueda de prensa internacional encabezada por Rodríguez, donde corresponsales extranjeros cuestionaron directamente la actuación del chavismo. La periodista María Martín, de El País, señaló que damnificados entrevistados denunciaron sentirse abandonados durante las primeras 72 horas, mientras que Julio Vaqueiro, de Telemundo, planteó los señalamientos de venezolanos que afirmaban no haber recibido una respuesta efectiva.
Rodríguez negó las críticas y defendió que el Estado actuó desde el primer momento. “Hicimos todo lo que está en nuestra mano y seguiremos haciendo lo que está en nuestras manos, y más”, aseguró, al insistir en que la emergencia contó con movilización de funcionarios, organismos nacionales y apoyo internacional.
Pero el terremoto político ocurre en paralelo a otro debate: el vencimiento del período de 180 días desde la salida de Maduro del ejercicio efectivo del poder, un lapso que sectores críticos del chavismo consideran determinante para activar los mecanismos previstos en la Constitución venezolana sobre las faltas presidenciales.
El artículo 234 de la Constitución establece que las faltas temporales del presidente pueden ser suplidas por el vicepresidente ejecutivo hasta por 90 días, prorrogables por decisión de la Asamblea Nacional por 90 días adicionales. Tras ese período, corresponde determinar si existe una falta absoluta, de acuerdo con el procedimiento constitucional.
Para abogados y dirigentes críticos del chavismo, mantener una figura interina más allá de ese límite sin una definición formal profundizaría la crisis institucional. Sostienen que, agotado ese plazo, debería abrirse el camino para reconocer una ausencia absoluta y convocar un proceso electoral presidencial conforme a lo establecido en la Carta Magna.
El silencio de las instituciones controladas por el chavismo aumenta las dudas sobre el futuro político inmediato. La Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia no han avanzado hacia una decisión definitiva, mientras Rodríguez continúa ejerciendo funciones en medio de la emergencia nacional más grave registrada en años.
La paradoja para el chavismo es que la mayor prueba de gobernabilidad llegó justo cuando su arquitectura política entraba en una fase sensible. Una catástrofe natural terminó convirtiéndose también en una evaluación pública sobre la capacidad de respuesta, la confianza institucional y el rumbo del poder.
Además, la apertura obligada a una amplia asistencia internacional modificó el escenario político. La llegada de equipos extranjeros, rescatistas y ayuda humanitaria evidenció que Venezuela necesitó apoyo externo masivo para enfrentar una tragedia que superó las capacidades internas.
En este contexto, la presión sobre Delcy no solo proviene de los escombros dejados por los terremotos, sino también de un calendario constitucional que coloca sobre la mesa una pregunta de fondo: cuánto tiempo puede sostenerse una transición indefinida sin consultar nuevamente a los venezolanos.
Mientras miles de familias intentan reconstruir sus vidas tras la tragedia, el chavismo enfrenta su propio movimiento sísmico interno: uno donde la emergencia humanitaria, el desgaste político y la discusión constitucional convergen en el momento más delicado del nuevo esquema de poder instalado tras la salida de Maduro.
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