Así lo recoge un trabajo publicado en el medio español El País, puntualizando que ya son 11 los territorios latinoamericanos que en los últimos dos años han puesto restricciones a los venezolanos, donde la profunda crisis política, económica y social, que se agudiza tras la hiperinflación y un reciente paquete de sanciones de Estados Unidos, está forzando una migración sin precedentes que alcanza los 4,5 millones de personas.
La crisis económica que viven los venezolanos hace casi prohibitivo salir de sus fronteras. Un billete de avión puede costar 25 años de salario de un profesor universitario y los visados que ahora están exigiendo Chile, Perú o Ecuador implican un gasto de entre 20 y 100 dólares en un país en el que el salario mínima no llega a dos dólares al mes. Además, las trabas que impone el propio Gobierno, con una administración pública corrupta, impiden que la mayoría pueda obtener sus documentos de forma legal y expedita, sin pagar sobornos. Esto está empujando a migrar sin papeles, lo que tiene una peligrosa consecuencia: el aumento de la trata de personas. Por ello, países como Estados Unidos aceptan las solicitudes de viajeros con el pasaporte vencido.
Un dato resaltante que aporta el reportaje es que hace apenas cinco años el pasaporte venezolano estaba entre los 25 más aceptados en el mundo. Ahora empieza a quedarse atrás. Es el camino a la inversa que ha recorrido el documento de los colombianos que hasta 2010 era aceptado sin necesidad de un visado únicamente en 25 países y a raíz de la supresión de la visa para el espacio Schengen en 2015 se les abrieron las puertas de Europa y otros territorios. Pero en Venezuela, conforme ha ido creciendo la crisis humanitaria y con ella el flujo migratorio, las restricciones para entrar a otros países han aumentado.
