De acuerdo con el Ejecutivo español, al menos 14 personas con nacionalidad española permanecen actualmente detenidas de forma “arbitraria” en cárceles venezolanas. La mayoría posee doble nacionalidad y nació o reside en Venezuela. Organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición elevan la cifra a entre 14 y 20 ciudadanos españoles encarcelados por motivos políticos.
La petición fue realizada mediante una “nota verbal” enviada al nuevo Gobierno venezolano tras la asunción de Rodríguez como presidenta interina, luego de que Nicolás Maduro fuera capturado por fuerzas estadounidenses y trasladado a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico y otros delitos.
Casos emblemáticos y denuncias previas
Entre los casos más recientes se encuentra la detención, en septiembre de 2024, de los ciudadanos vascos José María Basoa y Andrés Martínez Adasme, acusados por el chavismo de pertenecer a los servicios secretos españoles y de planear un atentado contra Maduro, de acuerdo con EFE.
Desde distintos sectores se ha interpretado ese arresto como una represalia política, especialmente tras el acogimiento en España del opositor Edmundo González Urrutia.
Organizaciones como Foro Penal, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) y el partido Vente Venezuela han denunciado reiteradamente la presencia de ciudadanos extranjeros —incluidos españoles— entre los presos políticos del régimen venezolano.
Intereses españoles en Venezuela
España mantiene importantes intereses económicos y empresariales en Venezuela, además de una comunidad estimada entre 150,000 y 200,000 ciudadanos españoles residentes en el país.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reiteró que España no reconocerá ninguna intervención que viole el derecho internacional y llamó a una transición “justa y dialogada”, en línea con la postura expresada también por Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay, que rechazaron de forma conjunta las acciones militares unilaterales en territorio venezolano.
Por ahora, no ha habido respuesta pública del Gobierno interino de Delcy Rodríguez a la petición española, mientras crece la presión diplomática internacional para la liberación de los presos políticos en Venezuela.
