Rivera enfrenta en una corte de Miami cargos de «actuar como agente no registrado de un ciudadano venezolano» y presuntamente recibir más de cinco millones de dólares por sus esfuerzos para presionar a funcionarios del Gobierno de EE.UU.
La lista, que incluye a Rubio y otras 29 personas que «podrán ser llamadas como testigos por el Gobierno en el juicio», fue presentada este lunes por la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, según un documento judicial al que tuvo acceso EFE.
Incluye también a otros tres funcionarios del Departamento de Estado, entre ellos dos que ya están retirados, que eventualmente testificarán en el juicio contra Rivera y Esther Nuhfer, que comenzará el 16 de marzo con la selección del jurado.
Ambos enfrentan cargos criminales por conspiración para cometer un delito contra Estados Unidos, incumplimiento de registrarse como agente extranjero y conspiración para cometer lavado de dinero, entre otros relacionados con sus actividades de consultoría.
Como políticos jóvenes de Florida y de origen cubano, Rubio y Rivera, un excongresista estatal, compartieron en los años noventa un apartamento en Tallahassee, sede del legislativo.
El secretario de Estado, quien fue miembro de la Cámara de Representantes de Florida desde 2000 hasta 2008, antes de postularse al Congreso en Washington, ha sido un defensor de la libertad en Cuba y Venezuela, denunciando a los regímenes de Castro y Maduro.
Rivera, quien se ha declarado inocente, está acusado de ser el centro de un esquema encubierto para persuadir a la primera administración del presidente Trump de aliviar las sanciones contra el régimen de Maduro, quien fue capturado el pasado 3 de enero por el Gobierno del republicano y enfrenta cargos de narcotráfico en Nueva York.
En el proceso también ha sido mencionada la actual jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, entre otros nombres ligados a la política y al entorno de la Administración federal.
