La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, ha denunciado este miércoles que tiene información de “amenazas directas” y “sistemáticas” de “ejecución extrajudicial” contra presos políticos venezolanos detenidos en la cárcel de El Rodeo, ubicada en el Estado de Miranda, cercano a Caracas.
En su cuenta de X, Machado aseguró que estas amenazas son “emitidas por funcionarios de los órganos represivos del régimen y constituyen crímenes de lesa humanidad, violaciones graves al derecho internacional humanitario y un riesgo inminente para la vida de personas que hoy se encuentran en condición de rehenes del Estado”.
El Gobierno de Nicolás Maduro no se ha pronunciado sobre la denuncia. El régimen chavista argumenta en todo momento que la estabilidad del país está bajo un complot permanente y que la soberanía nacional está amenazada desde el extranjero. Ha dejado saber además en varias ocasiones que no permitirá que se altere la paz pública bajo ninguna circunstancia.
En este contexto, Machado exigió una “acción inmediata” de los organismos internacionales de derechos humanos, “incluidos los mecanismos de protección y verificación para prevenir ejecuciones extrajudiciales”. Además, instó a los “Gobiernos democráticos y aliados”, sin mencionar alguno, a “activar medidas urgentes de presión diplomática, monitoreo internacional y advertencias formales para disuadir al régimen de concretar estas amenazas”.
“Solicitamos protección inmediata para los presos políticos, acceso a observadores independientes y garantías efectivas de vida e integridad personal. Hay vidas en riesgo hoy”, alertó Machado.
Esta semana, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) informó que, de acuerdo con testimonios de familiares y presos políticos, los custodios de El Rodeo I han amenazado a los detenidos con usarlos como “escudos humanos” en el caso “de una eventual intervención de Estados Unidos en Venezuela”.
“Es importante destacar que el uso sistemático del miedo y la intimidación como mecanismos de control profundiza el riesgo real para la integridad física y mental de las personas privadas de libertad”, puntualizó la ONG.
Estas denuncias se dan en un contexto de creciente tensión por la presencia militar ordenada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Caribe y el Pacífico Oriental, donde ha atacado lanchas supuestamente ligadas al narcotráfico, un despliegue que el Gobierno Maduro considera una “amenaza” de invasión y un intento de propiciar un cambio de régimen.
La Casa Blanca acusa a Maduro de financiar a las mafias del narcotráfico. La tensión ha ido escalando progresivamente durante los últimos cuatro meses. El régimen bolivariano ha ido fortaleciendo su presencia territorial en el país, desplegando a los cuerpos de seguridad del Estado y organizando a su militancia.
Conforme el lenguaje de la Casa Blanca aumenta su agresividad contra Miraflores, se achica el margen de tolerancia del régimen con la existencia de la oposición política y sus demandas. Algunos de los voceros más autorizados de la revolución bolivariana han formulado reiteradas advertencias, en el orden interno, sobre lo que podría suceder en Venezuela en caso de que se concretara una intervención militar de Estados Unidos.
Mientras tanto, el gobierno de Maduro busca blindarse con la aprobación de instrumentos legales que le permitan ampliar su margen de maniobra en caso de una emergencia. Las medidas más importantes han estado destinadas a penalizar con inusual dureza cualquier expresión política que apoye o justifique una intervención militar o alguna agresión concreta desde el extranjero; o que apoye las sanciones internacionales en contra de la República que han estado en vigor en estos años.
En su última sesión legislativa de este año, la bancada mayoritaria del PSUV aprobó una ley que llamó Para Garantizar la Libre Navegabilidad y el Comercio contra la Piratería en los Mares que contempla penas de hasta 20 años de cárcel para quienes apoyen, o justifiquen el bloqueo energético o la incautación de buques venezolanos en aguas internacionales.
Una semana antes, el PSUV ya había aprobado la salida de Venezuela del estatuto de Roma, decisión que deja al régimen chavista libre de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.
