El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció la detención de 14 periodistas y trabajadores de la prensa durante la jornada del 5 de enero: once pertenecen a medios y agencias internacionales y uno a medios nacionales.
En el mensaje publicado en X a las 5:33 p.m., indicaron que cuatro habían sido liberados y los otros 10 permanecían detenidos, “algunos en situación de desaparición forzosa”.
Se precisó que las detenciones ocurrieron en el marco de la cobertura de la instalación del período de sesiones en la AN, en donde también se juramentó a Delcy Rodríguez como “presidente encargada” de Venezuela, con el aval de Estados Unidos.
Según denunció el SNTP, a los periodistas se les prohibió transmitir en vivo y grabar o hacer fotos. “Allí, al menos tres fueron detenidos por funcionarios de la DGCIM, trasladados al comando de la Guardia dentro del Palacio Legislativo y, como parte del procedimiento, revisaron sus teléfonos celulares, exigieron las claves de acceso y entraron a las fotos, contactos, conversaciones, notas de voz, cuentas de Instagram, correos electrónicos y archivos almacenados en la nube”.
En el caso concreto del periodista Daniel Álvarez, reportero de Televen, revelaron que perdió la custodia de su teléfono por un tiempo en el que los funcionarios salieron del lugar donde lo mantuvieron antes de liberarlo.
“Este tipo de actuaciones no solo vulnera la privacidad y el secreto de las fuentes, sino que configura un patrón de criminalización del ejercicio periodístico”, alertaron.
Exigen libertad de expresión para transición
Más temprano, el propio SNTP emitió un comunicado en el que exigió la liberación inmediata de los 23 periodistas y trabajadores de la prensa que siguen tras las rejas, así como el desbloqueo de más de 60 medios de comunicación censurados en internet y “la garantía de condiciones de seguridad” para el ejercicio periodístico.
En el texto, consideraron que no se puede avanzar hacia una transición democrática “mientras persistan la persecución política, la censura, la prisión arbitraria y la violación sistemática de derechos fundamentales, al tiempo que recalcaron que la libertad de expresión, el acceso a la información y el derecho al trabajo “son pilares esenciales del Estado de derecho y de la convivencia democrática”.
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