El asesor comercial senior de la Casa Blanca, Peter Navarro, pidió este martes moderar las expectativas ante el informe de empleo que se publicará el miércoles y mencionó las deportaciones de ICE como argumento, en un contexto en el que 16 funcionarios fiscales estatales han advertido sobre el impacto económico de esas operaciones.
Durante una entrevista en el programa “Mañanas con María” de Fox Business, Navarro anticipó que la cifra mensual de creación de empleo podría ser menor a la que el público está acostumbrado a ver.
“Tenemos que revisar a la baja significativamente nuestras expectativas sobre cómo debería ser la cifra mensual de empleo”, afirmó.
El funcionario, que asesora al presidente Donald Trump en temas de comercio y manufactura, señaló que el crecimiento podría situarse alrededor de los 50,000 puestos mensuales, lejos de los niveles de seis cifras que se registraron de manera sostenida en la administración anterior.
Navarro argumentó que el cambio responde a la política migratoria actual. Explicó que, cuando ingresaban al país alrededor de 2 millones de inmigrantes indocumentados, era necesario generar cerca de 200,000 empleos al mes para mantener el equilibrio del mercado laboral.
Según sostuvo, en ese período los nuevos puestos beneficiaban principalmente a trabajadores sin autorización, mientras que “los estadounidenses acababan en las filas del desempleo”.
Aunque no existe un sistema preciso para determinar cuántos empleos fueron ocupados por personas sin estatus legal, Navarro aseguró que la situación ahora es distinta. “Eso se ha revertido por completo y ahora 50.000 al mes será más cercano a lo que necesitamos”, añadió.
Funcionarios fiscales lo advirtieron
Sus declaraciones se producen después de que 16 tesoreros, contralores y auditores estatales, demócratas y republicanos, enviaran el 3 de febrero una carta conjunta en la que expresan “indignación y alarma” por las recientes acciones federales de control migratorio.
Si bien reconocen la autoridad federal para aplicar la ley migratoria, los funcionarios advierten que las operaciones en curso están generando un “clima de miedo” que afecta directamente la actividad económica en sus estados.
Argumentaron que cuando las personas no se sienten seguras para ir a trabajar o administrar sus negocios, “la producción se ralentiza, el consumo disminuye y el sistema económico que sustenta los ingresos públicos comienza a desmoronarse”.
Los firmantes subrayan que su responsabilidad es proteger la salud fiscal de los estados y administrar con prudencia los fondos públicos. En ese sentido, sostienen que las operaciones de control migratorio amenazan con provocar “daños económicos que socavan directamente estas obligaciones”.
En particular, mencionan que las recientes medidas de control en Minnesota han alterado la vida económica diaria y generado preocupación entre líderes empresariales por el impacto en empleados y operaciones.
Según la carta, si la actividad económica se interrumpe y la incertidumbre se extiende a los mercados locales, los gobiernos estatales y locales enfrentarán reducción de ingresos, inestabilidad en la recaudación de impuestos vinculados al empleo y mayor presión sobre los recursos públicos.
El documento advierte que el efecto acumulativo podría traducirse en pérdida de productividad, disminución de la producción económica y debilitamiento de indicadores fiscales que inciden en la solvencia estatal, los costos de endeudamiento y la planificación financiera a largo plazo.
“Muchos de nuestros estados ya envían más dinero de impuestos a Washington de lo que recibimos en apoyo federal. Ahora se espera que absorbamos las consecuencias fiscales de las medidas de control. Esto es inaceptable”, afirmaron.
