Un grupo de migrantes, representados por varias ONG, demandó a Estados Unidos por condiciones «inhumanas» en Camp East Montana, el mayor centro de detención para migrantes del país, ubicado en la base militar de Fort Bliss en El Paso (Texas).
El recurso, presentado el viernes 29 de mayo por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) en el Distrito Oeste de Texas, recoge denuncias de cuatro personas detenidas actualmente en el referido centro, incluido un venezolano, en donde detallan «negligencia médica grave», golpizas y acoso sexual por parte de los guardias, uso «excesivo» del confinamiento solitario, comida inadecuada y condiciones insalubres.
Los demandantes solicitan al tribunal que se certifique el caso como una acción colectiva en nombre de todos los detenidos en el centro y que declare que las condiciones allí violan el derecho constitucional al debido proceso.
El megacentro, compuesto por carpas y con capacidad para alojar hasta 5.000 detenidos, fue inaugurado el pasado agosto y ya registra tres muertes oficiales y una cuarta supuestamente relacionada con negligencia médica.
El Gobierno rechaza las acusaciones de los demandantes y asegura que son «categóricamente falsas».
«Ningún detenido está siendo abusado o golpeado», señaló a EFE un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, quien agregó además que la agencia «se toma en serio la salud y la seguridad» de todas las personas bajo su custodia.
«No se lo deseo ni a mi enemigo»
En los testimonios recogidos en el recurso, los demandantes denuncian estar sujetos a hambre crónica, atención médica deficiente, confinamiento solitario como herramienta de castigo y una sensación de que el sufrimiento es deliberado, con la meta de que los detenidos abandonen sus casos migratorios y acepten una deportación voluntaria.
Los migrantes describen que el centro está dividido en varias carpas, recintos cerrados «sin ventanas» donde hay espacio para 72 personas en literas, baños y unas pocas mesas para comer. La demanda detalla que en estas unidades se desbordan frecuentemente «las aguas negras» y que el personal no las repara con rapidez, por lo que el olor a «orina, heces y sudor» está presente en todo momento.
Los guardias que rigen el centro, detalló el recurso, «incurren de manera rutinaria» en compartimentos abusivos y «uso irracional de la fuerza».
Akari Angye, uno de los demandantes, fue golpeado duramente por parte de los guardias por insistir en hablar con un abogado antes de firmar cualquier documento. La paliza fue tal, relata la demanda, que tuvo que ser trasladado a un hospital local, donde fue puesto en una silla de ruedas.
«Las condiciones en esta campamento en el desierto son inhumanas y crueles (…) ya había vivido torturas en mi país de origen, Camerún, y nunca pensé que iba a ser tratado de manera tan violenta en EE.UU.», escribió el migrante, detenido hace un mes, en una carta anexa al documento judicial.
Erik Iván Rodríguez, otro de los migrantes que ha demandado, lleva detenido desde enero, pese a no tener un récord criminal y tras estar radicado en Minnesota por ocho años.
Su salud se deterioró «rápidamente» en el centro, detalla el documento: tiene problemas respiratorios y le cuesta caminar, tras haberse herido la rodilla en detención.
«He vivido los peores días y meses de vida en este lugar», dijo Rodríguez, originario de Venezuela, en un testimonio escrito. «Lo que se vive aquí en este lugar, no se lo deseo ni a propio enemigo», añade.
Tres personas también han fallecido allí: una de ellas por suicidio, otra tras una falla renal y el tercero por «homicidio» en un enfrentamiento con el personal del centro, según versiones oficiales y filtraciones a medios estadounidenses.
El cuarto fallecido, que se menciona en la demanda y no cuenta en las cifras oficiales, murió días después de haber sido liberado del centro y las ONG denuncian que se debió a la «negligencia médica» que vivió en detención.
Bajo la actual Administración, las detenciones de migrantes en EEUU alcanzaron nivel récord: en enero EEUU mantuvo detenidos a más de 73.000 migrantes, la cifra más alta desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en 2001 y este año al menos dieciocho personas han muerto en custodia de autoridades migratorias, lo que supone el nivel más mortífero en dos décadas.
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