Durante una entrevista con el periodista César Miguel Rondón, García afirmó que las recientes declaraciones de Tareck El Aissami en el juicio PDVSA-Cripto coinciden con múltiples testimonios escuchados dentro de tribunales y centros de detención controlados por el chavismo. Según el abogado, El Aissami acusó directamente a Saab de haber participado personalmente en sesiones de tortura durante su proceso judicial.
García sostuvo además que el propio Saab habría admitido indirectamente ese tipo de actuaciones en casos anteriores. “En el caso Canserbero él participó precisamente en la tortura a los hermanos Améstica, y así lo confesó él. Y tengo información de primera mano de los mismos hermanos Améstica que dicen que es así”, declaró el abogado durante la entrevista.
El penalista también mencionó casos vinculados a dirigentes opositores detenidos tras las presidenciales de 2024, como Perkins Rocha y Freddy Superlano, quienes —según afirmó— habrían sido sacados una noche desde El Helicoide hacia la sede de la Fiscalía para interrogatorios dirigidos por Saab fuera de cualquier procedimiento judicial regular. Organizaciones internacionales y misiones de la ONU documentaron previamente denuncias de tortura y tratos crueles dentro de centros de detención venezolanos durante la gestión chavista.
“Él sentía placer con eso. Incluso sé que le llevaba esos videos a Nicolás Maduro. Le gusta y lo confiesa; es una práctica recurrente bajo su regencia en el Ministerio Público”, denunció García, quien aseguró haber escuchado versiones similares de distintas víctimas y testigos vinculados a causas políticas del chavismo.
Las declaraciones golpean nuevamente a Saab, figura clave del aparato judicial chavista durante años y señalado reiteradamente por organizaciones internacionales por actuar como operador político del régimen. En informes recientes, expertos de Naciones Unidas cuestionaron abiertamente su independencia y su rol dentro de la estructura represiva venezolana.
Entretanto, García insistió en que el exfiscal debe enfrentar responsabilidades judiciales por las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas durante su gestión.
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