El Ministerio Público difundió este domingo, 11 de enero, un comunicado sobre la muerte del preso político Edison José Torres Fernández, de 52 años, quien se encontraba privado de libertad bajo custodia del Estado en la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana en Boleíta.
De acuerdo con el comunicado firmado por el fiscal general, Tarek William Saab, Torres -quien era funcionario activo de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y estaba detenido desde diciembre de 2025- falleció el 10 de enero en el Hospital Dr. Domingo Luciani tras presentar una “descompensación súbita”.
La fiscalía detalló que el ciudadano sufrió un evento cerebrovascular seguido de un paro cardíaco. El comunicado asegura que el traslado al centro asistencial fue “inmediato” y que Torres recibió atención médica oportuna. Asimismo, el ente informó la intervención del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y la Fiscalía 13° en Derechos Humanos para investigar las actuaciones.
Ocho presos políticos fallecidos en represión poselectoral
Frente a la versión oficial, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que la muerte de Torres —ocurrida en los calabozos de la PNB en Boleíta, Caracas— es el primer deceso de un preso político en 2026 y eleva a 26 la cifra de personas que han muerto bajo custodia del régimen desde 2015. Asimismo, Torres se convierte en el octavo preso político de la represión poselectoral que murió bajo custodia del Estado.
Para la organización, este hecho no es un incidente aislado, sino que “se suma a una lista de decesos que evidencian la falta de atención médica, hacinamiento y desidia estatal en los centros de reclusión”. El OVP fue enfático al calificar lo sucedido como “parte de la política de exterminio del régimen a los presos políticos”.
Insistieron en que el Estado venezolano tiene el deber jurídico de garantizar el derecho a la vida (Art. 43 CRBV) y de garantizar los derechos humanos de todas las personas privadas de libertad, como indica el artículo 272. Alertaron también que la desesperación de los familiares crece ante el temor de que más detenidos pierdan la vida “en condiciones de insalubridad y abandono, como ocurrió con Edison Torres”.
La tragedia se produce en un clima de alta tensión. Desde el 8 de enero, tras el anuncio de posibles excarcelaciones, decenas de familias pernoctan a las afueras de los centros de reclusión. “El silencio administrativo es una herramienta de castigo y tortura psicológica contra la familia”, denunció la ONG, destacando que muchos parientes llevan tres días durmiendo en las aceras sin obtener respuestas.
Finalmente, el OVP exigió el cierre definitivo de los calabozos de la PNB en Boleíta por sus condiciones precarias e informó que documentará este caso ante organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al tiempo que recordó que “cada muerte bajo custodia es una responsabilidad penal y administrativa que no prescribe”.
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