Expertos de las Naciones Unidas en derechos humanos expresaron su preocupación por otra medida regresiva en materia de inmigración en Estados Unidos: el impacto de la terminación de la financiación federal para servicios jurídicos para niños no acompañados en procedimientos de inmigración.
“Negar a los niños su derecho a la representación legal y obligarlos a atravesar complejos procedimientos de inmigración sin asesoramiento legal es una grave violación de los derechos de los niños”, dijeron los expertos, que actúan por mandato del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza.
Según la Ley de Reautorización para la Protección de las Víctimas de la Trata de Personas (Tvpra en inglés), la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR) es responsable del cuidado y la custodia de los menores no acompañados.
La ley exige al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) proteger a los menores del maltrato, la explotación y la trata de personas. La Tvpra garantiza que los menores no acompañados bajo custodia federal tengan acceso a asistencia jurídica y no sean sometidos a una expulsión acelerada.
El 18 de febrero de 2025, el Departamento del Interior de Estados Unidos ordenó a los proveedores de servicios legales sin fines de lucro que suspendieran sus labores, y suspendió la financiación de los abogados que representaban a niños no acompañados, suspendiendo así el Programa de Niños No Acompañados.
Se han interpuesto acciones legales ante los tribunales para impugnar estos avances y destacar los riesgos para la protección de los derechos de los niños.
Sin embargo, muchos de los 26.000 niños afectados perdieron su asistencia legal y siguen en riesgo de expulsión forzosa a pesar de tener derecho a recibir ayuda.
Los informes recabados por los expertos indican que los niños están recluidos en celdas sin ventanas, se les niega la atención médica adecuada y se les separa de sus padres o cuidadores durante largos períodos.
Entre enero y agosto de 2025, el tiempo promedio de custodia aumentó de aproximadamente un mes a seis meses, mientras que las entregas a cuidadores familiares disminuyeron de aproximadamente 95 % a 45 %.
“Ha habido relatos constantes de deportaciones ilegales de menores no acompañados, en violación del principio de no devolución, incluyendo a menores víctimas de trata y menores en riesgo de ser víctimas de trata de personas”, afirmaron los expertos.
Además, tienen informes de que se ha presionado a menores para que acepten un pago en efectivo de 2500 dólares para autodeportarse, renunciando así a las protecciones de la Tvpra.
En caso contrario, podrían enfrentarse a una detención indefinida y sean transferidos a la custodia del ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) al cumplir los dieciocho años.
“Se deben garantizar procedimientos de justicia que tengan en cuenta a los niños en todos los procedimientos de inmigración y asilo que los afecten”, afirmaron los expertos.
Subrayaron que los niños deben tener acceso a recursos administrativos y judiciales contra las decisiones que afecten a su propia situación o a la de sus padres o cuidadores, y que se deben adoptar medidas para evitar demoras procesales indebidas que puedan afectar negativamente a los derechos de los niños.
“Los procedimientos acelerados solo deben llevarse a cabo cuando sean compatibles con el interés superior del niño y sin restringir ninguna garantía del debido proceso”, subrayaron los expertos, y dijeron estar en contacto con el gobierno de Estados Unidos sobre estas cuestiones.
Los expertos que entregaron la declaración son Siobhán Mullally, relatora sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños; Gehad Madi, relator sobre los derechos humanos de los migrantes, y Margaret Satterthwaite, relatora sobre la independencia de los magistrados y abogados.
