Aseguran que la negativa de libertad para estas personas deja a su paso “más de 500 familia rotas, 500 voces que claman justicia y 500 historias que ameritan ser escuchadas”
Comando Con Vzla hizo asimismo un llamado urgente a la comunidad internacional a “no apartar la mirada y atender esta realidad”.
“El mundo no puede ignorar esta situación. La libertad es un derecho que no puede ser negado“, insistieron.
En su último reporte del 21 de abril, Foro Penal cifraba en 473 los presos políticos, mientras que en su balance de este 28 de abril la ONG Justicia, Encuentro y Perdón reveló que registraba para la fecha 667 presos políticos en Venezuela, un grupo diverso que abarca desde miembros de la sociedad civil y dirigentes políticos hasta menores de edad.
Y de un plumazo eliminaron la amnistía
La semana pasada, la encargada del país con el aval de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, puso fin prematuramente a la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, aprobada en febrero de 2026.
A juicio de Rodríguez la ley “ya cumplió su ciclo”. Con esa afirmación, cerró el paso para nuevas amnistías, a pesar de que la norma fue aprobada apenas dos meses antes.
Esta decisión fue calificada de inconstitucional por distintos expertos legales y organizaciones defensoras de derechos humanos, ya que dejó en el limbo a más de 670 presos políticos.
El abogado Joel García opinó que además de ser un error político, la decisión de Rodríguez fue un “cortocircuito legal” que atenta contra la esencia misma de la seguridad jurídica. García sostuvo con firmeza que la vigencia de una norma no depende de las valoraciones subjetivas de un gobernante ni de su percepción sobre si se cumplieron o no ciertas metas políticas.
Según la Teoría General de la Ley, una norma mantiene su vigor pleno mientras no exista un acto legislativo derogatorio o una cláusula de caducidad expresa, facultades que el Ejecutivo no posee. Al pretender trasladar los derechos subjetivos de la ley a “programas de convivencia”, el Estado intenta sustituir la justicia jurisdiccional por una concesión política, lo que constituye una desviación de poder y una vía de hecho administrativa que ignora la jerarquía normativa, explica el jurista.
Por su parte, el director vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Himiob, apeló al rigor del Artículo 218 de la Constitución para recordar que las leyes solo pueden ser derogadas por otras leyes o abrogadas por referendo.
Subrayó asimismo que la Ley de Amnistía es un acto dictado por la Asamblea Nacional en su función legisladora y que, al no tener una “fecha de caducidad” en su texto, su vigencia es indefinida.
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