La Asamblea Nacional de Venezuela, con mayoría chavista, ha decidido aprobar este martes una nueva solicitud para pedirle al presidente, Nicolás Maduro, que rompa relaciones diplomáticas, consulares y comerciales con España. Es la segunda vez que el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) tramita una moción de este tenor en menos de un mes. El deterioro de las relaciones entre Venezuela y España —así como con la mayoría de los países latinoamericanos— se ha hecho evidente luego de los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, que han sido cuestionados por casi todas las instancias internacionales, incluyendo Naciones Unidas. La autoridad electoral dio por vencedor a Maduro sin mostrar las actas detalladas, por lo que la interpretación mayoritaria es que, al haber una voluntad expresa de ocultarlas, el ganador fue el opositor Edmundo González.
En el texto que recoge la petición se lee lo siguiente: “[España] está dando refugio a varios delincuentes, ladrones y asesinos de Venezuela, con cuentas pendientes con la justicia, como Leopoldo López, Antonio Ledezma, Dinorah Figuera, Luisa Ortega Díaz y Enzo Franchini”. Todas ellas son figuras opositoras o chavistas desencantados que han buscado refugio en Europa para evitar la persecución política. El llamado del Parlamento venezolano no tiene carácter vinculante, puesto que esta es una decisión del poder ejecutivo, pero el discurso pronunciado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, mano derecha y operador político calificado de Maduro, plantea que es una opción que, al menos, se ha considerado seriamente en el alto Gobierno.
De hecho, el orden del día de la sesión legislativa del día martes fue modificado a última hora para abrir una nueva discusión en la cual se abrieran nuevas críticas contra el Gobierno y el Estado español. El oficialismo se ha irritado, especialmente, con el recibimiento dado en España a Edmundo González Urrutia, que fue obligado a exiliarse por el chavismo, al cual se le ha dispensado, de manera casi unánime, un trato de candidato ganador y presidente electo. Rodríguez buscaba, en particular, ajustar cuentas con lo afirmado por Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea ―no española―, quien también manifestó su incredulidad ante la veracidad y transparencia de los resultados electorales que le concedieron la tercera reelección a Maduro.
Hace pocos días, Borrell comentaba el hecho de que Jennie Lincoln, del Centro Carter, se había presentado en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) con los originales de las actas electorales colgadas en una página web por el comando de Edmundo González, y que mostraban una amplia victoria en favor de la oposición. Lincoln afirmó que estas eran verídicas, y que era evidente el triunfo del candidato opositor en las elecciones de julio pasado. “No consideramos a Maduro un presidente democráticamente elegido, y esas actas, que no conozco, pero la fundación Carter tiene un prestigio que las avala, no hacen sino reforzar esta posición”, manifestó Borrell. “Esas actas, junto con las que presentó la oposición, reflejan un resultado que siempre hemos señalado, que es que Maduro no ganó esas elecciones, el que las que ganó fue el líder opositor”.
Rodríguez ha respondido con dureza a Borell: “Haz toda la presión que te dé la gana, nombra a González Urrutia infanto, ponlo reyezuelo, haz lo que quieras, pero allá. En los asuntos de Venezuela no te metes tú, ni la Unión Europea, ni las Cortes españolas, ni el Gobierno de España”. En su discurso, Rodríguez afirmó además que, si se trata de meterse en los asuntos de otros países, él, “por reducción al absurdo”, propondría a la Asamblea Nacional aprobar una moción para solicitar a España la abolición de la monarquía. A continuación, animó alzar la mano a los diputados y diputadas que estuvieran a favor de esta medida, a la que Rodríguez le imprimió un tinte paródico. “Los que estén a favor con proponerle al Gobierno de España que sea abolida la monarquía de los Borbones, que no ha servido para otra cosa, que no sea la corrupción, para el desmadre, para la expresión de la ultraderecha”. Entonces, el presidente de la asamblea levantó su mano derecha y, con él, todos los miembros del hemiciclo. “Aprobado”, concluyó Rodríguez.
El dirigente chavista se refirió de nuevo a los dos ciudadanos españoles detenidos en Venezuela hace un mes, y revivió la tesis de que los servicios secretos españoles podrían estar metidos en el país. “En los celulares de estas dos personas capturadas había fotografías de los objetivos a asesinar”. Las familias de los dos jóvenes detenidos y el propio Gobierno niegan que tengan algo que ver con CNI, el servicio de inteligencia español.
En términos históricos, España —junto a Colombia y Estados Unidos— ha sido una de las prioridades tradicionales de la diplomacia venezolana. Esta postura ha sido, en general, respetada por el chavismo. La relación entre ambas naciones, sin embargo, ha tenido varias crisis de importancia en estas dos décadas de revolución bolivariana. Desde los tiempos de Hugo Chávez hasta hoy, las relaciones estuvieron particularmente tensas con los Gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy, aunque ninguno de los dos países se ha atrevido a dar el paso de la ruptura, en virtud de la cantidad de vínculos culturales y migratorios que tienen. En España existe hoy una creciente colonia de origen venezolano y en Venezuela, aunque mermada, sigue existiendo una considerable población de origen español.
En líneas generales, analistas y observadores consideran poco probable que el Gobierno de Venezuela se atreva a dar un paso en el cual saldría, de largo, muchísimo más perjudicado que Madrid. Pero hay quienes opinan que el alto Gobierno chavista está genuinamente harto de lidiar con estos cuestionamientos y que ha analizado muy seriamente la opción de endurecer sus leyes electorales y profundizar sus contactos con otras potencias aliadas con un carácter menos democrático.
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