Un grupo de más de 90 personas vinculadas por este caso están sufriendo torturas, pues apenas seis han sido excarceladas entre ellas solo dos de las cuatro mujeres detenidas. La mayoría son efectivos militares y civiles, que permanecen bajo severas condiciones de reclusión.
Así lo denunció Jesica Castro, familiar del preso político civil Gustavo Hernández, oriundo de Caracas. Castro exigió la libertad inmediata de todos los presos políticos y explicó el vía crucis que viven las víctimas en centros como el Fuerte Guaicaipuro, El Rodeo 1, Yare 2, Yare 3, Ramo Verde y La Planta.
Seis meses de desaparición forzada
El calvario de las familias se agudizó tras el traslado arbitrario desde la sede del Sebin en El Helicoide hacia el Fuerte Guaicaipuro. Según los familiares, cuando las unidades oficiales trasladaban a los prisioneros, ellos intentaron seguir las caravanas, pero les fue imposible al quedar retenidos en las vías por los bloqueos de seguridad.
“No había una lista, no había nada. Solo nos dijeron que en 15 días esperáramos la llamada para entregar la paquetería porque los íbamos a ver. Esa llamada nunca llegó; pasaron seis meses hasta que pudimos saber de ellos”, dijo Castro.
Durante todo ese tiempo, a los privados se les mantuvo bajo un estricto régimen de castigo, por una supuesta orden directa de Diosdado Cabello.
El acceso al centro penitenciario estuvo restringido hasta el pasado mes de abril, momento en que destituyeron al director del Fuerte Guaicaipuro, a quien los familiares señalan directamente como el responsable de sistemáticas torturas, identificando además al militar Mike Calderón, alias “Sirio”, como uno de los principales torturadores, cuyo paradero actual se desconoce.
Los parientes de los presos pudieron ver las secuelas físicas y psicológicas del aislamiento severo cuando se les permitió una fe de vida. Lamentablemente, los encontraron con 35 o 40 kilos menos, piel pálida, hongos en la piel y rasgos de violencia física y psicológica.
Castro también expresó que permanecieron en condiciones sanitarias extremas, pues pasaron tres meses sin bañarse ni cepillarse los dientes, ocasionando la pérdida de piezas dentales y dolores bucales. Enfatizó que también les vulneraron sus derechos al recibir agua contaminada, ya que solo les permitían un solo recipiente de agua por celda (para 3 o 4 personas) que debía durar toda la semana. “El agua tenía larvas y moscas. Debían esperar a que se asentara para poder beberla, bañarse o lavar la ropa”, denunció.
Para el día que les dieron la fe de vida, sus familiares evidenciaron secuelas psicológicas. Estaban desorientados, temblaban y no podían sostener la cucharilla con la que comían. Jesica Castro reconoce que han visto algunos cambios con la nueva dirección, debido a que les han permitido el ingreso de almuerzos y alimentos.
Complicaciones de salud
Las denuncias sobre la vulneración de los derechos humanos han sido consignadas ante entes nacionales, Foro Penal, la CIDH y diversas ONG internacionales. La situación médica en el Fuerte Guaicaipuro es crítica: se registran prisioneros con diabetes, problemas de próstata, inflamación testicular que amerita cirugía, hipertensión y hemorroides. “El preso por motivos políticos debe estar muriéndose para que actúen”, lamentó Castro.
Puso como ejemplo la gravedad en el caso del militar Douglas Contreras, quien con torturas previas, tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital cercano en Ocumare por el deterioro de su salud.
Ante el incumplimiento de promesas sobre su situación jurídica y la falta de atención a los compañeros enfermos, los reclusos han tenido que recurrir a medidas extremas como la huelga de hambre.
Castro recordó que la condena de los imputados se ejecutó sin traslados a tribunales: fueron condenados e interrogados bajo golpizas dentro del mismo Helicoide, donde se les obligó a asumir los cargos que se les imputaban.
Respecto a las negociaciones políticas y los acercamientos con la representación de la Asamblea Nacional (2015) y líderes como Dinorah Figuera, los familiares mantienen la postura de la libertad inmediata para todos los privados injustamente, por lo que rechazan que sus parientes sean utilizados como fichas en la mesa de negociación.
