Organizaciones de defensa de niños migrantes alertan sobre tácticas de intimidación de ICE

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organizaciones dedicadas a brindar asistencia legal a niños migrantes que llegaron solos a Estados Unidos denunciaron que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) realizaron visitas a sus oficinas, acciones que consideran parte de una estrategia de presión e intimidación contra quienes prestan apoyo jurídico a menores en situación vulnerable.

Las agrupaciones señalaron que las inspecciones ocurrieron en distintos momentos de la misma semana en oficinas ubicadas en el área de Washington D.C., donde se concentra parte de la red de asistencia legal para menores migrantes no acompañados.

Visitas sin orden judicial, según organizaciones

Entre las organizaciones que reportaron los hechos se encuentran Centro Amica para los Derechos de los Inmigrantes, Ayuda y Niños en Necesidad de Defensa (KIND)

De acuerdo con sus comunicados, agentes vinculados a Investigaciones de Seguridad Nacional, dependiente de ICE, y a la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos intentaron acceder a información financiera relacionada con los contratos que estas organizaciones mantienen para brindar representación legal a menores migrantes.

Los grupos aseguraron que los agentes no presentaron órdenes judiciales ni citaciones, por lo que en algunos casos se les negó el acceso o se solicitó que cualquier requerimiento fuera enviado por escrito.

Acusaciones de presión contra defensores legales

El director de Amica, Michael Lukens, afirmó que los agentes acudieron a sus oficinas solicitando registros financieros sin documentación que respaldara la solicitud.

Según Lukens, las visitas forman parte de una serie de acciones que calificó como intentos de intimidación hacia organizaciones que trabajan con niños migrantes.

Por su parte, Wendy Young, presidenta de KIND, indicó que agentes del Inspector General del HHS acudieron directamente a su oficina sin orden judicial, solicitando también acceso a información financiera.

En el caso de Ayuda, su directora ejecutiva, Paula Fitzgerald, relató que los agentes únicamente solicitaron información de facturación y posteriormente se retiraron tras pedir que la solicitud fuera enviada por correo electrónico.

Grupo especialmente vulnerable

Las organizaciones de asistencia legal recordaron que los niños migrantes no acompañados han sido históricamente considerados un grupo especialmente vulnerable, por lo que el gobierno estadounidense ha facilitado acceso a representación legal en procesos migratorios.

Sin embargo, los grupos señalan que en la actual administración se han reducido apoyos financieros y se han implementado medidas que, aseguran, dificultan el acceso a defensa legal para menores en procesos de deportación.

KIND reportó además que el gobierno mantiene adeudos por alrededor de 20 millones de dólares por servicios ya prestados.

Las organizaciones advierten que limitar o debilitar el acceso a abogados podría afectar directamente la capacidad de los menores para presentar sus casos ante tribunales migratorios, especialmente en situaciones donde muchos no hablan inglés y requieren intérpretes.

La Ley de Protección de las Víctimas de la Trata de Personas de 2008 establece protecciones especiales para niños que ingresan sin padres o tutores, incluyendo la posibilidad de acceder a representación legal en procesos de deportación.

Coincidencia con anuncios oficiales

Los reportes de las organizaciones ocurrieron el mismo día en que autoridades federales ofrecieron una conferencia de prensa sobre investigaciones relacionadas con el programa de reunificación de menores migrantes con patrocinadores en Estados Unidos.

Funcionarios señalaron que se investigan posibles casos de fraude en la custodia de menores, incluidos llamados “superpatrocinadores”, personas que habrían recibido a varios niños no relacionados entre sí.

Algunas organizaciones consideran que la coincidencia de fechas entre las visitas y el anuncio oficial no es casual, y la interpretan como parte de una mayor presión institucional sobre el sistema de apoyo a menores migrantes.

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