El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés) ordenó la verificación inmediata de ciudadanía y estatus migratorio de todos los inquilinos que residen en viviendas financiadas por la agencia en todo el país, tras una auditoría conjunta con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Como resultado de la revisión, el HUD identificó que casi 200,000 inquilinos requieren verificación de elegibilidad, alrededor de 25,000 aparecen registrados como fallecidos y cerca de 6,000 son extranjeros no elegibles para recibir asistencia federal de vivienda.
La medida fue anunciada el martes por la agencia en un comunicado publicado en su página web.
Ante estos hallazgos, el HUD anunció que todas las Autoridades de Vivienda Pública (PHA) y los propietarios participantes en programas financiados por la agencia tendrán un plazo de 30 días para implementar medidas correctivas.
“No escatimaremos esfuerzos”, afirmó el secretario del HUD, Scott Turner, al señalar que la agencia trabaja en coordinación con el DHS para ejecutar la agenda del presidente Donald Trump de erradicar el abuso de los recursos financiados por los contribuyentes.
“Los extranjeros no elegibles no tienen acceso a las prestaciones sociales. Esta directiva fortalece los procesos para proteger los fondos públicos y priorizar al pueblo estadounidense”, sostuvo.
Medidas para reducir el fraude y el abuso
En el mismo sentido, el subsecretario de Vivienda Pública e Indígena del HUD, Ben Hobbs, calificó la medida como un paso clave para reducir el despilfarro, el fraude y el abuso.
“Hay cientos de miles de familias estadounidenses en listas de espera para vivienda. Es fundamental que nuestros limitados recursos se destinen únicamente a quienes cumplen con los requisitos”, expresó.
- La directiva da continuidad a una carta enviada el mes pasado por el HUD a las PHA y propietarios, recordándoles su obligación legal —bajo la Sección 214 de la Ley de Vivienda y Desarrollo Comunitario de 1980 y la Orden Ejecutiva 14218 del presidente Trump— de verificar la ciudadanía y el estatus migratorio de todas las personas antes de admitirlas en viviendas financiadas por el gobierno federal.
Acuerdo entre HUD y DHS
A principios del año pasado, el secretario Turner y la secretaria del DHS, Kristi Noem, firmaron un Memorando de Entendimiento (MOU) titulado “Programas de Vivienda Estadounidense para Ciudadanos Estadounidenses”, con el objetivo de evitar el uso indebido de fondos públicos en beneficio de inmigrantes indocumentados.
Como parte de ese acuerdo, el HUD y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) cargaron por primera vez todos los archivos de inquilinos de los programas de las Secciones 8 y 9 en el sistema federal SAVE, destinado a la verificación del estatus migratorio.
En los próximos 30 días, las PHA y los propietarios deberán revisar sus informes de comparación EIV-SAVE, corregir inconsistencias y confirmar que la información de ciudadanía y estatus migratorio esté debidamente registrada. El HUD advirtió que el incumplimiento conllevará sanciones, incluyendo la recuperación de fondos pagados en nombre de inquilinos no elegibles o fallecidos.
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