Un grupo de víctimas venezolanas y familiares de personas fallecidas durante operativos de los cuerpos de seguridad del Estado presentó una demanda civil ante un tribunal federal de Estados Unidos contra el presidente Nicolás Maduro, a quien responsabilizan por presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2017 y 2021.
De acuerdo con la acción judicial, las muertes habrían formado parte de una política sistemática de represión ejecutada por organismos de seguridad bajo el mando del Estado venezolano. Los demandantes sostienen que las víctimas fueron asesinadas durante operativos realizados principalmente por las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) y otros cuerpos policiales, cuyos procedimientos eran presentados posteriormente como supuestos enfrentamientos con delincuentes, recoge El Debate.
La demanda fue introducida al amparo de la legislación estadounidense que permite reclamar responsabilidades civiles por graves violaciones de derechos humanos y señala a Maduro como máximo responsable político de las actuaciones atribuidas a los organismos de seguridad.
Según el expediente, los hechos ocurrieron en un período marcado por protestas antigubernamentales y un incremento de la represión contra sectores opositores. Los denunciantes aseguran que existió un patrón de uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y ejecuciones de personas consideradas sospechosas o contrarias al gobierno.
Las acusaciones coinciden con las conclusiones de informes elaborados por organismos internacionales, entre ellos la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de Naciones Unidas y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que han documentado miles de presuntas ejecuciones atribuidas a cuerpos de seguridad venezolanos y han advertido sobre posibles crímenes de lesa humanidad.
Asimismo, la investigación que mantiene abierta la Corte Penal Internacional sobre la situación en Venezuela incluye entre sus principales líneas de análisis denuncias relacionadas con ejecuciones extrajudiciales, torturas y persecución por motivos políticos.
La presentación de esta demanda representa un nuevo proceso judicial en Estados Unidos relacionado con el mandatario venezolano, quien también enfrenta otros procedimientos en ese país.
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