“A mi hijo lo dejaron morir como a un animal, allí encerrado”, expresó la madre de Figueroa, según un testimonio divulgado por el OVP en su cuenta oficial de X.
De acuerdo con la organización no gubernamental, Figueroa se encontraba inicialmente recluido en la cárcel de El Dorado, en el estado Bolívar, cuando fue trasladado de emergencia a Maturín, donde fue atendido quirúrgicamente y diagnosticado con cáncer.
Posteriormente, se ordenó su reclusión en un centro penitenciario de Monagas para facilitar el acompañamiento familiar. Sin embargo, pese a la gravedad de su enfermedad y a la prescripción médica que exigía quimioterapias urgentes, el tratamiento nunca habría sido garantizado.
Según el OVP, la falta de transporte dentro del centro penitenciario y la burocracia institucional impidieron el acceso oportuno a servicios de salud especializados.
Los familiares de Leonardo José Figueroa aseguraron que durante los últimos dos años nunca se permitió que fuera evaluado por un oncólogo.
Asimismo, indicaron que tanto su defensa legal como su madre acudieron reiteradamente ante distintas instituciones y solicitaron a la jueza encargada del caso autorizaciones de traslado para atención especializada, así como una medida humanitaria debido a su estado de salud.
No obstante, denuncian que las respuestas fueron insuficientes y marcadas por retrasos administrativos.
“Los exámenes no llegaban, desaparecían, pero nunca hubo una respuesta que beneficiara a Leonardo”, señaló la organización.
La ONG también afirmó que, pese a su delicado estado de salud, en el penal de La Pica no se le habría suministrado una dieta especial acorde con sus necesidades médicas.
Presuntamente, Figueroa recibía la misma alimentación que el resto de la población penitenciaria, por lo que su familia se encargaba de llevarle comida ajustada a sus requerimientos, aunque solo les permitían ingresar alimentos una vez por semana.
Ante el progresivo deterioro físico del recluso, sus allegados indicaron que apenas podían costear medicamentos para aliviar los constantes dolores derivados de la enfermedad.
“Yo quiero que a mi hijo se le haga justicia, porque no se puede quedar ese caso así, impune. Prácticamente ella (la juez) no me lo condenó a 10 años, ella me lo condenó a muerte ahí”, manifestó su madre.
El Observatorio Venezolano de Prisiones sostuvo que la muerte de Leonardo José Figueroa “es el reflejo de la crisis penitenciaria que existe en Venezuela” y reiteró sus denuncias sobre las presuntas fallas de asistencia médica en los centros de reclusión del país.
La organización aseguró que este caso evidencia la vulneración sistemática de derechos humanos de las personas privadas de libertad y afirmó que el Estado venezolano es responsable de estos hechos.
Según cifras compartidas por el OVP, con el fallecimiento de Figueroa ya serían 19 las personas privadas de libertad fallecidas bajo custodia del régimen chavista, entre abril y mayo de 2026.
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