El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este lunes la muerte de Víctor Alfonso Rivero, quien se encontraba bajo custodia del Estado en el Centro de Formación Hombre Nuevo de Carúpano, estado Sucre.
Con este caso, la organización contabiliza 20 fallecimientos de personas privadas de libertad desde abril de 2026, una cifra que, a su juicio, refleja la persistencia de problemas estructurales en el sistema penitenciario venezolano y el incumplimiento de recomendaciones formuladas por organismos internacionales de derechos humanos.
En un comunicado, el OVP advirtió que cada muerte ocurrida bajo custodia estatal debe ser considerada una señal de alarma, especialmente cuando está relacionada con presuntas fallas en la atención médica, retrasos en traslados hospitalarios o condiciones de reclusión incompatibles con la dignidad humana.
“¿Cuántas muertes más deben ocurrir para que se reconozca la emergencia humanitaria que existe dentro de cárceles y calabozos policiales?”, cuestionó la organización al referirse a la situación de los centros de detención en el país.
El observatorio recordó que las personas privadas de libertad se encuentran bajo la responsabilidad directa del Estado, que tiene la obligación de garantizar su vida, integridad física y acceso a la salud. En ese sentido, señaló que tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas han reiterado en diversas oportunidades el deber de los Estados de proteger a quienes permanecen bajo su custodia.
Asimismo, denunció que, en numerosos casos, son los familiares quienes terminan asumiendo tareas que corresponden a las autoridades, como la provisión de medicamentos, alimentos e insumos médicos, además de gestionar traslados hospitalarios para los reclusos.
Para el OVP, el aumento de fallecimientos en centros de detención no puede ser interpretado como una serie de hechos aislados, sino como una problemática que requiere atención urgente por parte de los organismos competentes y seguimiento de las instancias internacionales de protección de derechos humanos.
La organización también recordó que, según su informe anual de 2025, el 95,57 % de las muertes registradas bajo custodia estatal estuvieron asociadas a la falta de atención médica oportuna, un dato que considera evidencia de la profundidad de la crisis penitenciaria que atraviesa el país.
Finalmente, el observatorio sostuvo que, aunque la pena de muerte está prohibida en Venezuela, situaciones como el abandono, la indiferencia institucional y la falta de atención continúan teniendo consecuencias fatales para la población penitenciaria.
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