El presidente José Raúl Mulino, designó a Alberto Alemán Zubieta como coordinador de un equipo técnico encargado de dirigir el proceso de transición en los puertos de Balboa y Cristóbal, luego de que el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declarara inconstitucional el contrato de concesión con Panama Ports Company, empresa que rechazó el fallo y no descartó el derecho a recurrir a procedimientos legales e internacionales.
En un mensaje dirigido al país, el mandatario destacó que los puertos panameños son un activo estratégico para la economía nacional y el comercio internacional, por lo que el Ejecutivo activó con antelación un plan de contingencia para enfrentar cualquier escenario derivado del fallo judicial, con el objetivo de evitar improvisaciones y proteger la estabilidad del sistema portuario.
Mulino explicó que, mientras el fallo no quede ejecutoriado, Panama Ports continuará operando sin cambios, y posteriormente se abrirá un período de transición ordenada hasta la adjudicación de una nueva concesión bajo condiciones favorables para el país. En ese contexto, Alemán Zubieta liderará la coordinación interinstitucional para garantizar un proceso técnico, transparente y con claridad jurídica.
De forma paralela, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) aseguró que la operación de los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico, se mantiene con total normalidad, sin interrupciones en los servicios que sostienen la cadena logística global. La entidad informó que el Estado panameño ha activado un plan técnico de transición para salvaguardar la continuidad, productividad y eficiencia de las terminales.
La AMP confirmó que, durante el proceso y cumpliendo los procedimientos legales, el gobierno contará con el apoyo especializado de APM Terminals como administrador temporal, una de las operadoras portuarias más reconocidas a nivel mundial, para garantizar estabilidad y confianza a las navieras y usuarios del sistema.
Tanto el Ejecutivo como la Autoridad Marítima reiteraron que el Estado respetará los derechos de Panama Ports Company y, al mismo tiempo, fiscalizará el cumplimiento de sus obligaciones contractuales hasta que concluya el período de transición.
